La provincia de Mendoza cuenta desde ahora con una nueva herramienta legal para fortalecer el sistema de vivienda social. La Legislatura sancionó una ley que agiliza los procedimientos de recuperación de viviendas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda cuando se detecten incumplimientos por parte de los beneficiarios.

La normativa permitirá acelerar los procesos de desadjudicación y desalojo en casos de mora, abandono o uso irregular de las viviendas. El objetivo es garantizar que las soluciones habitacionales financiadas por el Estado lleguen a las familias que realmente las necesitan.

La ley introduce modificaciones a la Ley Nº 4203, habilitando al IPV a promover juicios de desalojo una vez que la desadjudicación se encuentre firme. También incorpora cambios en la Ley Nº 9001 y en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, con el fin de agilizar los procedimientos de recupero de inmuebles y establecer la competencia de la Justicia de Paz Letrada para intervenir en estos trámites.

Desde el IPV destacaron que la medida busca proteger el carácter social de las viviendas construidas con fondos públicos y asegurar que los recursos estatales beneficien efectivamente a quienes necesitan una solución habitacional.

"Esta ley nos brinda una herramienta fundamental para actuar con mayor rapidez frente a situaciones de incumplimiento. No se trata solamente de recuperar una vivienda, sino de garantizar que las casas construidas con el esfuerzo de todos los mendocinos cumplan la función social para la que fueron creadas", señaló el presidente del IPV, Gustavo Cantero.

La sanción de la ley se complementa con el trabajo permanente de control que viene desarrollando el organismo a través de inspecciones, verificaciones y auditorías en distintos departamentos.

Durante 2025, el IPV inició 658 expedientes vinculados a posibles incumplimientos. El 95% de los casos tuvo origen en situaciones de mora y el 5% restante en ocupaciones irregulares. En ese período se resolvieron 514 casos y se concretaron 18 desadjudicaciones.

En lo que va de 2026, el organismo inició otros 413 expedientes. El 90% corresponde a mora, el 7% a mora combinada con ocupación irregular y el 3% a ocupaciones irregulares. Hasta el momento, se resolvieron 251 casos y se registran 28 viviendas desadjudicadas.

Mientras tanto, el Instituto continuará realizando controles en toda la provincia para detectar incumplimientos, ordenar la situación de los adjudicatarios y asegurar el correcto uso de las viviendas sociales.