El Gobierno nacional oficializó la distribución de fondos para bomberos voluntarios. En la provincia de Mendoza, 10 asociaciones recibirán partidas clave.
La medida quedó oficializada a través de la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se detalla la asignación de fondos por parte del Ministerio de Seguridad Nacional a asociaciones de bomberos en sus distintos grados, a la Agencia Federal de Emergencias y al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios.
En el caso de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios como entes de primer grado, se destinará un total de $100.810.319.998,50, que será distribuido entre 1.062 entidades de todo el país. Entre ellas se encuentran 10 asociaciones de la provincia de Mendoza, que recibirán un monto de $94.924.971,75 cada una.
Por otro lado, las entidades de segundo grado, es decir, las federaciones provinciales, recibirán $7.754.639.995,93, distribuidos de manera proporcional según la cantidad de asociaciones afiliadas. En este marco, la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios percibirá $44.270.066,58 destinados a gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones, y otros $44.270.066,58 para capacitación de bomberos y directivos.
Asimismo, se asignaron $2.584.880.009,64 a la Agencia Federal de Emergencias, mientras que el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, como ente de tercer grado, recibirá $7.754.640.000, además de otra partida de $2.584.880.000.
Según se informó, los fondos estarán destinados a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria, y otros elementos necesarios para la lucha contra el fuego, así como para el mantenimiento y conservación del material en condiciones óptimas de uso.
Desde el Gobierno se aclaró que los pagos se efectuarán conforme a los ingresos registrados en la cuenta recaudadora del Banco de la Nación Argentina, y estarán sujetos a la presentación de rendiciones según el Manual de Rendiciones de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
En caso de incumplimientos administrativos o anomalías, las entidades podrán ser suspendidas como beneficiarias y enfrentar acciones legales.