Mendoza, de de
Mendoza, de de
La provincia cuenta con unos 600 geriátricos privados, pero solo el 30% tiene la habilitación definitiva. Los costos mensuales, superan el millón de pesos.
Sin una regulación oficial sobre los montos, el mercado de las residencias para adultos se rige por la oferta y la demanda. Actualmente, las cuotas mensuales para ingresar a una residencia privada arrancan en los $950.000 y pueden escalar significativamente dependiendo de los servicios e infraestructura que se brinde.
Este costo deja al 95% de los jubilados mendocinos fuera del sistema, convirtiendo el cuidado de la vejez en un servicio de élite. El perfil de quien ingresa es claro: personas con necesidad de atención permanente, mayoritariamente mujeres por encima de los 75 años.
En diálogo con Sitio Andino, Lucas Luppo, director de Adultos Mayores, brindó detalles sobre la realidad de las residencias privadas en Mendoza, entre otras falencias, reconoció la fragilidad del sistema.
El funcionario explicó que las residencias enfrentan un "doble trabajo": la habilitación municipal (edilicia y comercial) y la ministerial (asistencial y clínica).
"Muchos inician el negocio (geriátricos) para probar, previo a iniciar los trámites burocráticos que no son nada baratos. La realidad es que se ponen en marcha mientras alcanzan la aprobación; no lo podemos ocultar", admitió Lupo.
Incluso, ante denuncias de lugares sin papeles, el Estado se encuentra en un callejón sin salida: la falta de plazas públicas impide clausuras masivas. "Es algo que nos supera", confesó el funcionario, subrayando que se trata de una cuestión de mercado donde el Estado suele correr detrás de los acontecimientos.
Para los propietarios, la situación es de hartazgo. Luciano Tuninetti, dueño de varias residencias, describió el proceso como un "mundo" lleno de trabas que muchas veces parecen absurdas.
"Los municipios y el Ministerio de Salud a menudo no coordinan criterios, generando choques jurisdiccionales", explicó. Además, el empresario manifestó que el certificado de bomberos, calculado por metro cuadrado, es uno de los mayores escollos económicos. "Dependiendo del inspector, vienen a indagarte por cosas que a veces no pasan", señala Tuninetti.
Por otro lado, denunciaron controles irregulares y esporádicos. "Algunos años las visitas son nulas; otros, se intensifican solo para quienes intentan ponerse en regla", expresó.
Frente a este panorama, "hay hogares que ya no les importa la habilitación porque el negocio les cierra igual", advirtió Luciano. Según su visión, la habilitación hoy solo es indispensable si se pretende trabajar con obras sociales (Pami, Osep y prepagas) aunque, incluso en la informalidad, el sistema sigue funcionando por la alta demanda.
Para Carolina Albertini, también dueña de una residencia, la dificultad para obtener los permisos empuja los precios al alza. Al no contar con habilitación definitiva, estos establecimientos no pueden recibir el apoyo de obras sociales ni convenios gubernamentales, lo que obliga a trasladar todo el costo operativo a las familias, elevando las cuotas a niveles prohibitivos.
Mientras el Estado y los privados no logren unificar criterios de acompañamiento en lugar de trabas, el cuidado de los adultos mayores seguirá moviéndose entre la necesidad desesperada y la irregularidad consentida. FUENTE SITIO ANDINO
