El Gobierno nacional decidió recientemente cerrar la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, medida que generó gran preocupación en el sector productivo argentino. La decisión se justificó como parte de un proceso de optimización del Estado, bajo el argumento de que los equipos técnicos y los programas vigentes serían absorbidos por la Secretaría de Coordinación de Producción dentro del Ministerio de Economía.
Sin embargo, para las cámaras empresarias y representantes del sector PyME, la medida implica una pérdida de interlocución directa con el Estado en un momento de crisis muy profunda.
La Secretaría PyME era la autoridad de aplicación del sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), un mecanismo que facilitaba el acceso al crédito a miles de pequeñas y medianas empresas mediante avales y garantías respaldadas por el Estado. A lo largo de los últimos años, este organismo dictó varias resoluciones orientadas a modernizar y agilizar el sistema de financiamiento, buscando promover inversión, productividad, empleo e inclusión social. Además, impulsaba programas de formación y asistencia como la plataforma Capacitar, el plan Creando Capacidades Locales y los Puntos PyME y Emprendedor, espacios de atención descentralizada para facilitar trámites y brindar acompañamiento técnico.
Desde el sector privado, las críticas no tardaron en aparecer. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calificó el cierre como una pérdida imperdonable, recordando que las PyMEs son el motor cotidiano de la economía y que estos programas generaban conocimiento y simplificación administrativa. Para la entidad Industriales PyMEs Argentinos (IPA), la medida representa un paso hacia un mayor estancamiento productivo y podría significar la desaparición de miles de empresas que requieren una asistencia que ya no tendrán. El Observatorio de la IPA reportó que desde diciembre de 2023 cerraron más de 12.250 PyMEs industriales, con la consiguiente pérdida de unos 20.000 puestos de trabajo. Otras voces, como la de la Federación Industrial de Santa Fe, señalaron que la medida envía una señal negativa para un sector que históricamente fue motor de desarrollo, innovación y empleo de calidad.
El impacto también alcanza al financiamiento. La eliminación de beneficios para las SGR afecta de manera directa al 33 % de las pymes que accedían a crédito mediante este mecanismo. Sin este respaldo, en un contexto de ventas en caída, aumento de costos y fuerte competencia de productos importados, el panorama de supervivencia se vuelve aún más complicado.
En síntesis, mientras el Gobierno insiste en que los programas continuarán bajo otra estructura ministerial, los referentes del sector advierten que el cierre de la Secretaría PyME significa perder un canal institucional clave y debilitar el entramado de apoyo en un momento en que la economía demanda sostener a las pequeñas y medianas empresas, responsables de gran parte del empleo y de la producción nacional. Sin embargo, la resiliencia histórica de las PyMEs argentinas y la posibilidad de que provincias, cámaras sectoriales y nuevas políticas públicas encuentren mecanismos alternativos de acompañamiento dejan abierta una ventana de esperanza: aún en escenarios adversos, el sector ha demostrado capacidad de adaptación y, con un marco de apoyo renovado, puede volver