Mendoza, de de
Mendoza, de de
Por Milagros Mac Donnell
En febrero de 2025 se anunció la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, un hecho que rápidamente generó revuelo en el mundo empresarial, político y regulatorio. Aunque esta operación forma parte de una estrategia global de Telefónica para reducir su presencia en América Latina, el caso argentino despertó fuertes alarmas por su posible impacto en la competencia del mercado local.
La reacción del Estado no tardó en llegar. Diversos organismos -entre ellos la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el Enacom y la Secretaría de Industria y Comercio- iniciaron una investigación bajo la Ley de Defensa de la Competencia. El motivo fue claro: el temor a una concentración desmedida del mercado. Según estimaciones, la operación dejaría a Telecom con más del 60?% del mercado de telefonía móvil, cerca del 70?% en telefonía fija y hasta el 80?% en internet residencial en algunas regiones del país. Esto plantea un escenario con escasa competencia, posibles aumentos de precios, menor calidad de servicio y dificultades para el desarrollo de nuevas tecnologías.
Ante este contexto, el Gobierno dictó una suspensión preventiva de seis meses, bloqueando cualquier avance operativo o societario entre ambas empresas. Telecom apeló esta decisión y logró que la Justicia revocara la medida, permitiéndole continuar con algunas acciones mientras se mantiene la investigación de fondo. Paralelamente, la CNDC emitió un informe de objeción en el que advierte sobre el riesgo real de abuso de posición dominante. La operación, según el informe, reduciría a dos los actores relevantes en el mercado: Telecom y Claro (América Móvil), afectando la pluralidad del sector.
Las posiciones están claramente divididas. El Gobierno de Javier Milei sostiene que debe preservarse la competencia y evitar cualquier oligopolio que perjudique al consumidor. Telecom, por su parte, argumenta que no hay reducción real de la competencia y que la operación puede mejorar la infraestructura del país, especialmente en regiones donde Telefónica tenía menos cobertura. En los próximos días se convocará a una audiencia especial para evaluar medidas de mitigación, como desinversiones, restricciones geográficas o compromisos de inversión.
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Un reciente informe de EY, basado en la opinión de más de 1.700 ejecutivos de 18 países -incluidos 150 directivos argentinos-, arroja luz sobre los desafíos más apremiantes que enfrentarán las empresas locales en los próximos tres años.
Este caso no se limita a una simple fusión entre empresas: expone el delicado equilibrio entre promover inversiones privadas y garantizar la competencia en sectores estratégicos. Nos invita a reflexionar sobre cómo un país puede proteger a los consumidores sin desalentar el desarrollo empresarial. La resolución marcará un precedente importante no solo para el futuro de las telecomunicaciones, sino también para la credibilidad institucional de la Argentina en su capacidad de regular con justicia y visión a largo plazo.
