Mendoza, de de
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La economía argentina enfrenta 2026 con dudas sobre reservas y régimen monetario. Crecimiento, divisas e inversión privada claves para la estabilidad.
Si bien la volatilidad cambiaria ha sido contenida en el corto plazo, los indicadores de fondo muestran que la estabilización económica dista de ser un proceso concluido. El riesgo país permanece en torno de los 650 puntos y las compras de reservas netas durante el último mes han sido exiguas, apenas por encima de los 300 millones de dólares, lo que reaviva discusiones clásicas sobre causalidad y secuencias de políticas. Así lo sostiene un informe de la Fundación Mediterránea sobre "La importancia de incluir en la agenda de las reformas estructurales el tránsito hacia un régimen bimonetario como el de Perú y Uruguay".
El dilema central que reaparece es conocido: ¿es necesario reducir primero el riesgo país para acumular reservas, o más bien es la recomposición del balance del Banco Central la que permite disminuir la percepción de riesgo? La discusión, que durante años se movió en el plano conceptual, adquiere hoy una relevancia operativa frente a las metas de crecimiento y financiamiento externo para 2026. Tanto que el propio FMI advirtió sobre el tema esta semana.
La indefinición respecto del régimen monetario y cambiario permanente constituye uno de los principales factores de incertidumbre en esta transición.
El Gobierno oscila entre mantener un esquema transitorio -marcado por controles parciales y flujos administrados- o avanzar hacia una liberalización más amplia de los movimientos de capitales. En ese debate, la experiencia peruana ha adquirido relevancia a partir de las recientes declaraciones de Julio Velarde, titular del Banco Central de Reserva del Perú, sobre el modelo de acumulación de reservas y la inestabilidad política de ese país.
El informe sostiene que el caso peruano demuestra que es posible consolidar la moneda local sin recurrir a esquemas de dolarización formal. Con políticas anticíclicas, flotación administrada y sin represión cambiaria, Perú logró reducir el crédito en dólares del 16,8% al 8,9% del PIB en tres décadas, promoviendo una desdolarización gradual y sostenible.
La comparación contrasta con la estrategia local de "dolarización endógena", ensayada a comienzos de 2025 y pronto abandonada: el tipo de cambio en torno de 1.200 pesos llevó al público a atesorar divisas en lugar de utilizarlas para transacciones, lo que forzó un rediseño del esquema con asistencia externa, asegura el trabajo.
Podemos agregar que la situación no ha cambiado. Los propios números del balance cambiario del Banco Central muestran que a 1400/1500 pesos los argentinos siguen creyendo y viendo el dólar barato, y continúa fuerte el proceso de dolarización de los ahorros.
El cierre de 2025 deja una acumulación de reservas brutas cercana a 12.100 millones de dólares, aunque sostenida por factores extraordinarios como desembolsos del FMI y el adelantamiento de exportaciones. Estos elementos no estarán presentes el próximo año, cuando la economía enfrente un déficit de cuenta corriente significativo.
Más allá de un superávit energético proyectado en torno de los 9.000 millones de dólares, la balanza de servicios y rentas podría arrojar un rojo cercano a los 20.000 millones, advierte la Mediterránea en la misma línea de los bancos internacionales.
Los especialistas de la Fundación aseguran que para cerrar esa brecha sin limitar la recuperación de la actividad será indispensable atraer una entrada relevante de capitales privados y lograr, en paralelo, una reducción sustancial de la formación de activos externos por parte del sector privado, que en 2025 demandó cerca de 30.000 millones de dólares.
La discusión sobre la sostenibilidad externa se vuelve así un insumo central para evaluar la capacidad del país de sostener un crecimiento estimado del 3,5% anual, con un incremento de importaciones del orden del 10%.
La economía real presenta un panorama heterogéneo. Mientras la minería y los hidrocarburos exhiben un crecimiento robusto del 26,5% en los últimos tres años, sectores intensivos en empleo como la industria, la construcción y el comercio continúan por debajo de los niveles de 2022. El impulso de los sectores extractivos aún no se traduce en un derrame significativo hacia el resto del aparato productivo.
A esta dinámica se suma la presión de la deuda doméstica. El Tesoro enfrenta vencimientos promedio de 13 billones de pesos mensuales entre diciembre y marzo, cifra que equivale al 6% del PIB en apenas cuatro meses.
El cepo vigente para personas jurídicas facilita el rollover, al mantener una demanda cautiva de instrumentos en pesos, pero actúa simultáneamente como un freno para la inversión productiva: las empresas, sin acceso pleno al mercado cambiario ni posibilidad de girar utilidades, postergan decisiones de capitalización esenciales para elevar la productividad.
De cara al próximo año, el Gobierno estima un crecimiento del 3,5% y una inflación cercana al 20%. Sin embargo, advierte la Fundación, estos pronósticos dependen del avance hacia un régimen monetario y cambiario permanente que permita reducir las tasas de interés reales y reactivar el crédito al sector privado.
Sin condiciones financieras más favorables, la recuperación corre el riesgo de diluirse o recaer en un "rebote estadístico" sin proyección sostenida.
Las reformas estructurales -laboral, tributaria y previsional- siguen formando parte de la agenda, aunque sus efectos requieren tiempo. La urgencia inmediata reside en establecer un marco de previsibilidad que permita absorber shocks externos sin comprometer el nivel de actividad y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad del Banco Central para reconstruir su posición de reservas.
La Argentina se encamina así hacia un 2026 donde la acumulación de divisas, la consolidación de un régimen monetario estable y la atracción de inversión privada serán los tres pilares que determinarán si el país logra finalmente quebrar la secuencia de avances parciales y retrocesos cíclicos que han marcado su historia reciente.
