Mendoza, de de
Mendoza, de de
El Gobierno impulsa el Principio de Inocencia Fiscal, con cambios en penal tributario, Ganancias y blanqueo, en busca de atraer dólares al sistema formal.
La propuesta busca la reducción de la persecución penal por evasión, la simplificación del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y un conjunto de cambios normativos que intentan alentar el blanqueo de dólares. El Gobierno busca otorgar seguridad jurídica a quienes decidan ingresar al sistema los "dólares colchón", un objetivo que ha ocupado el centro del discurso oficial desde comienzos de año y que hasta ahora ha tenido éxito nulo. Más bien lo que se comprueba es la continuidad del proceso de dolarización de ahorros fuera del sistema, con ventas récord de la moneda norteamericana desde el Central a las personas humanas.
La iniciativa llega al Congreso por segunda vez en las sesiones extraordinarias. La primera fue en mayo y Diputados le hizo modificaciones en comisión y el proyecto durmió el sueño de los justos. Se sabe que el Gobierno no admite cambios, ni mejoras, en sus ideas.
Desde el equipo económico sostienen que el esquema vigente, heredado de décadas de reformas parciales, combina altos niveles de litigiosidad, indefinición normativa y un enfoque punitivo que ha demostrado escasa eficacia en términos recaudatorios. El Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentan la reforma como un cambio de paradigma: pasar de la presunción de culpabilidad al reconocimiento del principio de inocencia en materia tributaria.
El núcleo de la propuesta radica en la transformación del Régimen Penal Tributario, que actualmente establece penas de hasta nueve años de prisión para casos de evasión. El proyecto eleva de manera significativa los umbrales que permiten iniciar una causa penal: la evasión simple pasaría de un piso de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que la agravada ascendería de 15 millones a 1.000 millones. De aprobarse, solo las conductas de mayor impacto fiscal quedarían sujetas a penalización.
El oficialismo argumenta que los montos vigentes quedaron desactualizados frente a la inflación acumulada y contribuyeron a generar un régimen que criminaliza diferencias marginales en las declaraciones juradas. Para los especialistas, la actualización no solo reduciría de forma drástica la cantidad de causas abiertas, se estima que menos del 5 por ciento de los expedientes actuales se mantendrían en pie, sino que permitiría concentrar la acción penal en casos de mayor gravedad, fortaleciendo la capacidad disuasoria del sistema.
Complementariamente, el proyecto incorpora un esquema de extinción de la acción penal si el contribuyente regulariza su situación antes de la denuncia o cancela su deuda, intereses y un recargo del 50 por ciento dentro de los 30 días posteriores a la apertura de la investigación.
Otro eje central es la reducción de los plazos de prescripción. El proyecto propone acotar de cinco a tres años el lapso durante el cual ARCA puede determinar tributos no declarados, siempre que el contribuyente haya presentado sus declaraciones en tiempo y forma. El acortamiento se presenta como una medida destinada a dotar de mayor previsibilidad a personas humanas y empresas. Sin embargo, su implementación podría generar tensiones con las provincias, ya que exige modificaciones en el Código Civil y Comercial de la Nación que impactan en las potestades tributarias locales.
El proyecto también intenta consolidar el Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas, actualmente vigente por resolución de ARCA. Creado con el objetivo de facilitar el cumplimiento fiscal, el sistema ofrece una declaración preconfeccionada por el organismo recaudador, basada en la información recibida de terceros.
Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de la obligación de declarar el patrimonio y justificar los consumos personales. Según la visión oficial, si el contribuyente puede demostrar la tenencia legítima de sus activos al inicio del período fiscal, no se lo presupondrá evasor por no poder acreditar consumos específicos. Esta presunción de "inocencia fiscal" constituye un incentivo directo para quienes poseen ahorros no declarados y evalúan incorporarlos al circuito formal. En resumidas cuentas otro blanqueo de un Gobierno que parece destinado a quedarse con el récord mundial de uso de este instrumento excepcional.
A pesar de que la herramienta ya está disponible, su adhesión ha sido baja. A la fecha, alrededor de 16.000 personas se incorporaron al régimen, una cifra marginal en relación con el universo potencial. El propio LuisCaputo aseguró en distintos momentos que la iniciativa podría incorporar unos 20 mil millones de dólares.
El Ministro también denunció en plenos días de tensión con los bancos que el sistema bancario continúa exigiendo a los clientes declaraciones voluntarias sobre el origen de los fondos, a pesar de las disposiciones de la Unidad de Información Financiera orientadas a flexibilizar estos requisitos. Las entidades justifican la práctica en sus obligaciones de cumplimiento normativo, pero desde el Gobierno interpretan esta conducta como un desincentivo al objetivo oficial de formalizar ahorros en moneda extranjera.
Caputo instó públicamente a los usuarios a no entregar documentación adicional a los bancos y advirtió que podrían adoptarse medidas regulatorias si persiste la resistencia del sector. Esta fricción constituye hoy uno de los principales obstáculos para que el proyecto alcance el nivel de adhesión que el Gobierno considera indispensable para dinamizar el consumo y acelerar el crecimiento productivo. Aunque quizás solo sea una excusa y la realidad sea que los argentinos de a pie, los ahorristas y también las empresas siguen creyendo que en Argentina, a mediano y largo plazo, no hay mejor refugio que el dólar.
