La Justicia investiga si, además de una compra de colchones por más de $8 millones, se adquirieron otros elementos destinados a la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá.

La nueva línea de investigación se concentra en las conversaciones entre el contratista Matías Tabar y Gisela Kocsis, secretaria del funcionario. La fiscalía también avanzará con la citación de Kocsis como testigo y con el peritaje del teléfono celular del contratista.

Según la información incorporada al expediente, Kocsis le enviaba a Tabar fotografías de distintos productos vinculados con el equipamiento de una vivienda.

Entre los elementos mencionados en los intercambios aparecen colchones, un lavarropas, un lavavajillas y muebles para la casa.

La investigación busca determinar si esas conversaciones se relacionan con nuevas compras destinadas al inmueble de Adorni en Indio Cuá y si existieron otros gastos además de los ya detectados.

La operación ya identificada corresponde a una compra realizada en junio de 2025 en Rosen The Store por $8.183.303,25.

La factura fue emitida a nombre de Kocsis, quien además habría pagado en efectivo. Según el expediente, la compra incluyó tres colchones, almohadas, un edredón o cubrecamas y juegos de sábanas.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió información sobre el medio de pago utilizado, la identidad de quien abonó la operación, el domicilio de entrega y la documentación respaldatoria para establecer quién fue el destinatario final de los bienes.

Las nuevas medidas forman parte de la causa por presunto crecimiento patrimonial injustificado de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

En una resolución de cinco páginas, Pollicita ordenó distintos requerimientos para profundizar varias líneas de investigación patrimonial.

Entre ellas, pidió información sobre eventuales vínculos laborales de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023, incluyendo designaciones, funciones, remuneraciones y posibles declaraciones juradas patrimoniales.

También solicitó una certificación amplia de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, y a otra persona.

El objetivo es obtener información sobre los hechos investigados, las personas involucradas y eventuales referencias a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni, padre del funcionario.

Otra medida apunta a reconstruir los gastos vinculados con el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club.

Para eso, la fiscalía pidió registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan realizado trabajos o suministrado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.

La intención es determinar posibles gastos de reformas, acondicionamiento, compra de materiales, amoblamiento y otros desembolsos bajo análisis en el expediente.

La investigación también se apoya en la declaración de Tabar, quien realizó las refacciones en la propiedad.

El contratista declaró ante la Justicia que las obras costaron US$245.000, fueron abonadas en efectivo y sin factura, y se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Según su testimonio, se realizaron trabajos en distintos sectores de la propiedad de 400 metros cuadrados, incluyendo pisos, tareas en baño y cocina, construcción de mobiliario para el quincho y reparación de la pileta.

Tabar sostuvo que el monto fue cancelado íntegramente por Adorni en dos etapas: una primera entrega de US$55.000 durante 2024 y el saldo de US$190.000 a lo largo de 2025.

El contratista también entregó su teléfono celular a la Justicia y aportó información sobre las personas que participaron en las obras.