La causa investiga el destino de más de $35,5 millones de fondos municipales durante la gestión del exintendente. La Justicia confirmó la elevación a juicio y, apenas un día después, las defensas de Daniel Orozco y Janina Ortiz propusieron un acuerdo que contempla el reconocimiento de responsabilidad y penas de prisión en suspenso.

El expediente que durante años fue conocido en Las Heras como el caso de las “cooperativas truchas” ingresó esta semana en una etapa decisiva. La Justicia confirmó la elevación a juicio de la causa que investiga el destino de $35.511.386,14 de fondos municipales y que tiene entre sus principales imputados al exintendente Daniel Orozco, su esposa y exsecretaria de Gobierno Janina Ortiz y al exsubsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart.

Pero el avance judicial tuvo una derivación inesperada apenas 24 horas después: las defensas de Orozco y Ortiz presentaron una propuesta de juicio abreviado, mediante la cual ambos ofrecieron reconocer su responsabilidad penal a cambio de penas de prisión en suspenso.

La propuesta todavía no constituye una condena. Deberá ser analizada por la Fiscalía y, en caso de existir acuerdo, homologada por la Justicia.
Una investigación que comenzó con un audio

El origen de la extensa trama judicial se remonta a 2023, cuando comenzó a difundirse un audio de aproximadamente 26 minutos grabado meses antes durante una conversación entre una empleada municipal y Osvaldo Oyhenart.

La grabación adquirió relevancia porque contenía referencias al funcionamiento de cooperativas vinculadas contractualmente con la Municipalidad de Las Heras. Su difusión pública derivó en distintas investigaciones judiciales y abrió una serie de expedientes relacionados con la gestión municipal.

La persona que realizó la grabación denunció posteriormente haber recibido presiones y amenazas. Según su presentación, habría sido inducida a registrar la conversación y luego intimidada para entregar el material. Su abogado sostuvo públicamente que incluso habría existido una amenaza con un arma de fuego.

Esas acusaciones forman parte de investigaciones judiciales y no equivalen, por sí mismas, a una condena.

La causa económica: $35,5 millones bajo investigación

Con el avance de la investigación, el foco se concentró en una serie de contrataciones realizadas por la Municipalidad de Las Heras con la cooperativa Manos a la Obra.

Según la acusación fiscal, entre 2021 y 2023 se llevaron adelante cuatro procedimientos administrativos: dos licitaciones públicas y dos contrataciones directas.

Como consecuencia de esas operaciones, siempre de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, $35.511.386,14 fueron transferidos desde las cuentas municipales a una cuenta perteneciente a la cooperativa.

Ese monto constituye el núcleo económico del expediente.

La acusación encuadra los hechos bajo la figura de peculado, un delito que contempla el uso o desvío irregular de bienes o fondos públicos por parte de funcionarios que los tienen bajo su administración.

La Fiscalía señaló a Orozco, Ortiz y Oyhenart como presuntos coautores materiales, mientras que otras personas fueron involucradas con diferentes grados de participación.

Sin embargo, la elevación a juicio no implica una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal deberá determinarse en la instancia correspondiente, salvo que el proceso concluya previamente mediante un mecanismo alternativo como el juicio abreviado.
¿Qué se intenta determinar?

La investigación no se limitó a establecer quién firmó los contratos.

El expediente puso bajo análisis la constitución y funcionamiento de las cooperativas, las autoridades que figuraban en ellas, los servicios contratados, la documentación administrativa y, especialmente, el recorrido posterior de los fondos públicos.

La hipótesis fiscal sostiene que las contrataciones con Manos a la Obra habrían formado parte de un mecanismo irregular destinado a retirar dinero de las cuentas municipales.

Será la Justicia la que deberá establecer si esa hipótesis puede ser acreditada con las pruebas incorporadas al expediente y cuál fue la responsabilidad concreta de cada una de las personas imputadas.
Un expediente que se multiplicó en distintas causas

El denominado “caso Orozco” terminó agrupando mediáticamente una serie de investigaciones que, en términos judiciales, son diferentes.

A partir de las denuncias iniciales se abrieron expedientes relacionados con presuntas irregularidades en cooperativas, amenazas y coacciones, la obtención y circulación del audio, una denuncia vinculada con un presunto delito contra la integridad sexual, acusaciones de enriquecimiento ilícito y otros hechos derivados de la disputa política y administrativa en el municipio.

No todas esas investigaciones tienen el mismo estado procesal ni involucran a las mismas personas.

Por eso, una distinción resulta central: una denuncia no equivale a una imputación, una imputación no equivale a una condena y una elevación a juicio tampoco constituye una sentencia.
La situación de Janina Ortiz

La exsecretaria de Gobierno y esposa de Orozco quedó involucrada en diferentes expedientes.

En la causa vinculada con el audio, la acusación sostiene que Ortiz habría ordenado a una empleada, a través de otra trabajadora, mantener un encuentro con Oyhenart y registrar la conversación bajo amenaza de perder su puesto laboral.

Ortiz rechazó esas acusaciones y sostuvo su inocencia.

La investigación por presuntas amenazas coactivas también avanzó hacia la instancia de juicio, en un expediente separado del relacionado con las cooperativas.
Del poder político a los tribunales

El avance de las investigaciones modificó el escenario político que había acompañado los últimos meses de la gestión de Orozco.

El exintendente había gobernado Las Heras durante dos períodos y, en 2023, abandonó el espacio político con el que había llegado al municipio para incorporarse al sector liderado por Omar De Marchi. En ese contexto, llegó a integrar la fórmula para la gobernación.

Ortiz, por su parte, desarrolló su propia carrera política y fue electa diputada provincial.

El avance de las causas judiciales impactó sobre ese escenario. La Legislatura suspendió a Ortiz para permitir que afrontara el proceso penal, mientras las distintas investigaciones continuaron su recorrido por los tribunales.
La semana que cambió el escenario

El martes 22 de septiembre se produjo uno de los principales movimientos procesales de la causa.

La jueza Dolores Ramón confirmó la elevación a juicio del expediente por las cooperativas, por lo que Orozco, Ortiz, Oyhenart y los demás imputados quedaron encaminados hacia un debate oral.

Pero el escenario cambió apenas un día después.

Las defensas de Orozco y Ortiz presentaron una propuesta de juicio abreviado.

Según trascendió, el planteo contempla una pena de dos años de prisión en suspenso para Orozco y tres años para Ortiz, además de las condiciones que eventualmente puedan establecerse respecto de inhabilitaciones, multas y una posible reparación económica.

La propuesta deberá ser evaluada por el Ministerio Público Fiscal y, eventualmente, por el tribunal competente.

Por ese motivo, al momento de esta nota no existe una condena firme contra Orozco ni contra Ortiz por la causa de las cooperativas.
¿Qué implica un juicio abreviado?

El juicio abreviado es una alternativa al juicio oral tradicional. En términos generales, permite que las partes lleguen a un acuerdo sobre los hechos y la responsabilidad penal, sujeto a las condiciones previstas por la legislación y al control judicial.

En este caso, la iniciativa partió de las defensas.

El ofrecimiento contempla que Orozco y Ortiz reconozcan su responsabilidad penal y reciban las penas propuestas. Pero la presentación no produce automáticamente una condena: primero debe existir una definición del Ministerio Público Fiscal y, en caso de acuerdo, la correspondiente intervención judicial.

Hasta que eso ocurra, la causa continúa abierta.
Los $35 millones y el debate sobre el perjuicio

Los $35.511.386,14 transferidos a la cooperativa constituyen una de las cifras centrales del expediente.

Ese es el monto nominal señalado en el requerimiento fiscal. Las equivalencias con valores actuales que puedan aparecer en distintos informes dependen del método utilizado para actualizar el dinero y no deben confundirse con la cifra histórica investigada.

Entre las cuestiones que deberán determinarse están los servicios efectivamente prestados, la legalidad de los procedimientos administrativos, la intervención de cada funcionario y particular y el eventual perjuicio ocasionado a las arcas municipales.
Lo que todavía debe resolver la Justicia

A pesar del avance procesal, todavía existen cuestiones centrales sin una definición judicial definitiva.

No hay una sentencia firme contra Orozco por la causa de las cooperativas.

Tampoco existe una sentencia firme contra Ortiz por ese expediente.

La Justicia debe determinar la responsabilidad individual de cada imputado, salvo que el proceso concluya mediante un acuerdo de juicio abreviado que sea aceptado y homologado.

También continúan su recorrido otras investigaciones relacionadas con la gestión municipal, cuyos resultados no necesariamente serán iguales ni estarán sujetos a las mismas pruebas.
Una discusión que excede a los protagonistas

El caso también abrió un debate sobre los mecanismos de control de los fondos públicos y las contrataciones municipales.

En el contexto de las investigaciones, la Municipalidad de Las Heras aprobó posteriormente una ordenanza que establece auditorías obligatorias al cierre de cada mandato, con controles sobre cuentas, patrimonio y ejecución.

La medida puso el foco en una cuestión que excede a los funcionarios investigados: cómo se controlan las contrataciones y el movimiento de dinero público antes de que una eventual irregularidad llegue a convertirse en un problema judicial.
Un expediente que entró en una etapa decisiva

Después de más de tres años de denuncias, recursos, imputaciones e investigaciones paralelas, la causa central por las cooperativas llegó finalmente a la instancia de juicio.

Y casi de inmediato apareció una alternativa para evitar el debate oral: Orozco y Ortiz ofrecieron reconocer su responsabilidad mediante un juicio abreviado.

Ahora la definición queda en manos de la Fiscalía y, eventualmente, de la Justicia.

Por el momento, el dato judicial concreto no es que Orozco o Ortiz hayan sido condenados. La causa fue elevada a juicio y sus defensas formularon una propuesta de juicio abreviado que todavía debe ser analizada.

El expediente, que comenzó a partir de un audio de 26 minutos, terminó siguiendo el rastro de más de $35,5 millones de fondos municipales.

La última palabra, como en todo proceso penal, dependerá de la prueba, de las decisiones de las partes y de la resolución que adopte la Justicia.