Mendoza, de de
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El senador provincial Mauricio Sat presentó un proyecto para crear un programa de rescate financiero de hogares mendocinos. La iniciativa prevé mediación con acreedores, refinanciación sustentable y asistencia para familias sobreendeudadas.
El aumento de la morosidad y el sobreendeudamiento de los hogares llegó a la Legislatura de Mendoza. En ese contexto, el senador provincial Mauricio Sat presentó un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Rescate Financiero de Hogares Mendocinos.
La iniciativa busca asistir a personas y familias que enfrentan dificultades para cumplir con sus deudas y que destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de préstamos, tarjetas u otros compromisos financieros.
El programa apunta a prevenir, contener y reestructurar situaciones de sobreendeudamiento. Entre sus objetivos figuran facilitar refinanciaciones sustentables, reducir la mora crítica, proteger los ingresos familiares y promover la educación financiera.
Uno de los puntos centrales es la creación de un Procedimiento Provincial de Mediación y Reestructuración de Deudas de Consumo.
Se trataría de una instancia administrativa, gratuita y voluntaria para las partes, destinada a promover acuerdos entre deudores y acreedores.
En caso de que un acreedor adhiera al programa y el deudor solicite ingresar al régimen, podrían suspenderse intereses punitorios, cargos por mora y determinadas acciones extrajudiciales de cobro mientras se desarrolla la negociación.
El proyecto establece que los acuerdos de refinanciación deberán contemplar cuotas que no superen el 40% de los ingresos familiares.
En situaciones de vulnerabilidad, ese límite bajaría al 30%.
Además, la iniciativa propone eliminar intereses punitorios y establecer plazos mínimos de refinanciación de 36 cuotas, con el objetivo de evitar que las familias vuelvan a quedar atrapadas en una espiral de deuda.
El programa estaría destinado a personas físicas con residencia en Mendoza de al menos dos años, cuyos ingresos familiares no superen los diez salarios mínimos, vitales y móviles.
También deberán acreditar una situación de sobreendeudamiento.
El proyecto considera que existe sobreendeudamiento cuando la carga total de obligaciones de consumo supera el 40% de los ingresos mensuales del grupo familiar, o el 30% en casos de especial vulnerabilidad.
Entre las deudas alcanzadas se incluyen tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento comercial, plataformas financieras digitales, mutuales, cooperativas y otras modalidades de crédito al consumo.
Quedan excluidas las deudas hipotecarias, prendarias, alimentarias y aquellas vinculadas a actividades empresariales.
La propuesta legislativa aparece en un escenario marcado por el deterioro de la capacidad de pago de los hogares.
Según datos citados en el proyecto, el endeudamiento total de las familias argentinas supera los 39 billones de pesos y la morosidad alcanza niveles históricamente elevados, tanto en el sistema financiero tradicional como en mecanismos de financiamiento no bancario.
El fenómeno no solo preocupa por la cantidad de personas endeudadas, sino también por el destino del crédito. Cada vez más hogares recurren a préstamos, tarjetas o financiamiento informal para cubrir gastos básicos como alimentos, alquileres, medicamentos, servicios públicos o transporte.
En ese escenario aparece la figura de los llamados "deudores zombies": personas que siguen dentro del sistema financiero, pero destinan una parte creciente de sus ingresos a refinanciar obligaciones sin lograr reducir de manera significativa el capital adeudado.
Otro de los puntos incluidos en la iniciativa es la creación de un Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares Mendocinos, que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Su tarea sería relevar información estadística, elaborar informes periódicos, identificar sectores vulnerables y monitorear la evolución de la morosidad y del financiamiento informal en la provincia.
En los fundamentos del proyecto, Sat sostiene que el problema ya no puede interpretarse únicamente como una cuestión individual, sino como una situación con impacto económico y social que requiere herramientas públicas.
El proyecto ingresó al Senado provincial y deberá iniciar ahora su recorrido legislativo para determinar si consigue respaldo suficiente para avanzar en comisiones y llegar al recinto.
