Entrevistado por Andino Streaming, el juez cuestiona el liderazgo de Garay en el tribunal, recuerda su paso por la política y critica el sistema de selección de magistrados.
En una entrevista con Andino Streaming, el magistrado se muestra defensor de la independencia judicial y cuestiona al presidente de la Corte, Dalmiro Garay, referencia del Gobierno dentro del tribunal. Las tensiones internas quedaron expuestas semanas atrás, cuando respaldó (e impulsó) la candidatura por la presidencia del "filoperonista" Mario Adaro.
Crítico del método de selección de jueces vía Consejo de la Magistratura -aunque opositor, también, de la elección de magistrados por el voto popular- el supremo reflexiona sobre el funcionamiento del Poder Judicial y analiza el impacto positivo de la implementación del juicio por jurados en Mendoza.
Asimismo, repasa su pasado como militante de la Franja Morada -de la que hoy toma distancia-, su activismo contra la última dictadura militar, la experiencia como legislador y el hartazgo que le produjo la política partidaria, de la que se alejó defintivamente hacia fines de los 80, pero que lo sigue influyendo en su mirada sobre el rol institucional de la Justicia y sus límites dentro de una república.
Desde muy joven estuve muy imbuido de las problemáticas sociales. En mi casa era cotidiano: mi padre era dirigente departamental del radicalismo y yo lo veía comprometido todos los días con la militancia y con la idea de cambiar la realidad del país, especialmente en la década del 60. Recuerdo con mucha claridad su trabajo en la campaña a gobernador de Mendoza en 1966; yo tenía 12 años y eso me marcó profundamente.
Cuando terminé la secundaria, en 1970, me fui a estudiar a Santa Fe con apenas 16 años, lo que significó un cambio muy fuerte en lo personal. Pasé de vivir prácticamente como hijo único a estar a casi mil kilómetros de mi casa, en una época sin las facilidades de comunicación actuales. En la universidad empecé a militar en una agrupación estudiantil que luego sería Franja Morada. Me recibí a fines de 1976, después del Golpe de Estado. Pero la convivencia ya era muy difícil en Santa Fe, por eso en 1975 decidí volver a Mendoza, terminé la carrera en un año y rendí nueve materias para poder recibirme.
Desde muy joven estuve muy imbuido de las problemáticas sociales Desde muy joven estuve muy imbuido de las problemáticas sociales
Militaba como podía alguien que quería el restablecimiento de la democracia. En lo profesional, ejercía la abogacía de manera incipiente, formándome en el trabajo como podía, porque no venía de una familia de abogados: mis padres no habían terminado la escuela primaria y mi padre era viñatero. Siempre estuve preocupado por las cuestiones sociales y políticas, aun mientras intentaba abrirme camino en la profesión.
Recuerdo haber hablado con (el exgobernador Felipe) Llaver, que conducía Renovación y Cambio, para que nos habilitara un mimeógrafo. Me lo autorizó y lo tenía en mi estudio, tapado, y desde ahí imprimíamos volantes permanentemente, desde la clandestinidad. No llamábamos a la revolución, sino a defender la democracia. Con ese mimeógrafo, por ejemplo, el día de la caída de Puerto Argentino imprimimos volantes con la consigna "Basta la dictadura", que repartimos en distintos puntos del centro.
Dentro del radicalismo se formó luego una comisión activadora para reanimar la vida partidaria y trabajar por la recuperación democrática. Eso fue en 1981. Tras Malvinas, el clima empezó a cambiar y en julio de 1982 viajamos en auto a Buenos Aires con otros tres militantes con los que venía trabajando muy fuerte en la juventud y en los profesionales jóvenes, para el primer acto público de Raúl Alfonsín, en la Federación de Box.
(Durante la dictadura ) No llamábamos a la revolución, sino a defender la democracia (Durante la dictadura ) No llamábamos a la revolución, sino a defender la democracia
Ese recorrido hizo que, en 1983, cuando se discutieron las candidaturas, la juventud tuviera su propio candidato, y terminé siendo yo. Fui electo diputado provincial. Más tarde trabajé como asesor en el Ministerio de Economía, hasta que decidí dejar la actividad política y dedicarme a la judicial. Estaba cansado: la actividad política es muy desgastante, con mucha rosca y mucha pelea, más que por las instituciones, por los cargos. Y eso a mí no me gustaba.
Lo más importante es tener claro cuál es la función. La función me indica que debo analizar qué prueba tengo, qué hechos están probados, qué dice la ley y cómo la Constitución me ordena aplicarla. Si uno cumple esas reglas, puede equivocarse -porque somos seres humanos-, pero no hay ningún problema si se actúa conforme a ese marco. El problema aparece cuando se anteponen otros intereses ajenos a la función judicial.
Yo soy juez y tengo que aplicar la ley, aun cuando pueda no gustarme desde el punto de vista personal. No es una función personal ni un título de nobleza: es una función institucional dentro de una república. Si la norma es constitucional, debo aplicarla.
Si se plantea su inconstitucionalidad, la analizo y resuelvo conforme al sistema. Es decir, hay reglas y estamos dispuestos a cumplirlas. Claro que es difícil, es mucho más lindo hacer lo que se me da la gana. Somos seres humanos. Por eso hay instancias de revisión: está el juez de primera instancia, el que revisa, después la Corte provincial y la Corte de la Nación. Cada juez debe ser independiente. Juramos cumplir la Constitución y la ley.
Ha cambiado bastante. El juicio por jurado no es una institución nueva en la Argentina, lo nuevo es su puesta en funcionamiento. Ya estaba prevista desde los orígenes: en 1811, con el decreto de libertad de prensa; luego en la Asamblea del Año XIII; en proyectos constitucionales de 1819 y 1826; y finalmente se consagra en la Constitución de 1853. La idea siempre fue romper con el viejo modelo inquisitivo y avanzar hacia un sistema adversarial.
La magistratura no es una función personal ni un título de nobleza: es una función institucional dentro de una república La magistratura no es una función personal ni un título de nobleza: es una función institucional dentro de una república
Con su implementación -hoy ya en al menos la mitad de las provincias- se produjo un cambio profundo de mentalidad, plenamente compatible tanto con la Constitución de 1853 como con la reforma de 1994. Esa reforma incorporó dos elementos centrales: la creación del Ministerio Público, encargado de representar los intereses de la sociedad, y la consagración de la independencia de los jueces, reforzada por los tratados de derechos humanos.
En este modelo, la acusación recae plenamente en el fiscal, que debe investigar y sostener el caso. El juez no decide qué hechos están probados, pero tiene una tarea central: darle al jurado las herramientas para decidir de manera razonable. En Mendoza, además, se adoptó el veredicto por unanimidad, lo que exige un trabajo aún más cuidadoso. El juez debe resolver qué prueba ingresa al debate, explicar cómo debe deliberar el jurado y garantizar un proceso limpio, sin contaminaciones, para que la decisión sea libre y fundada.
Hay que separar: no es lo mismo un fiscal que un juez. El fiscal tiene la responsabilidad de representar a la sociedad en su actuación. El juez, en cambio, debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, que son reglas previamente establecidas. A veces eso no resulta simpático, porque la sociedad puede no estar de acuerdo con una decisión, pero la regla está fijada de antemano. Por eso no es fácil compararlos: la función del juez no puede depender del momento ni del clima social.
En nuestro país hubo un antecedente en la época de Rivadavia, pero vinculado a los jueces de paz, que resolvían conflictos menores y locales. No es lo mismo eso que elegir jueces de primera instancia, jueces de garantía o ministros de la Corte. No veo una correspondencia con un buen funcionamiento de la justicia. La pregunta es a qué va a responder ese juez: a la Constitución o a lo que resulte emocionalmente necesario para ganar una elección. En una elección gana quien mejor sintoniza con los intereses circunstanciales del momento. Ahora, cuando tenga que cumplir la función, ¿vamos a estar de acuerdo con esas decisiones?
No, no hay un método ideal. El sistema previsto en la Constitución Nacional y Provincial, con responsabilidad del Poder Ejecutivo y control del Legislativo, tenía falencias. Actualmente se desprenden de la imagen de responsabilidad, pero todos sabemos que existe todo un aparato para intentar manejar los Consejos de la Magistratura, tanto a nivel nacional como provincial. Yo soy muy crítico del Consejo de la Magistratura, que se adoptó copiando modelos europeos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de fractura social profunda por el nazismo y el fascismo. Ese no era nuestro problema.
Hoy vemos disputas políticas en colegios de abogados, magistrados y universidades. Antes del Consejo de la Magistratura nadie se preocupaba por controlar un colegio de abogados; ahora todos lo hacen, porque ahí hay poder de presión. La dirigencia política suele despegarse de esa responsabilidad, pero cuando se observa cómo se arman las mayorías dentro del Consejo, queda claro que hay intereses en juego y que el problema se agrava.
Existe todo un aparato para intentar manejar los Consejos de la Magistratura, tanto a nivel nacional como provincial Existe todo un aparato para intentar manejar los Consejos de la Magistratura, tanto a nivel nacional como provincial
Primero, aclaro algo: yo no quiero ser presidente de la Corte. Acepté integrar la Corte cuando me lo propuso el gobernador (Alfredo) Cornejo en su primer mandato. Fui el primer miembro propuesto por él, y vine con un objetivo claro: promover reformas. Eso es lo que siempre me interesó.
No me gusta el cargo de presidente y, además, creo que debe cumplirse lo que dice la Constitución: la presidencia tiene que ser rotativa. No estoy de acuerdo con la concentración de poder en el presidente de la Corte, sea quien sea. Fui miembro de la Cámara del Crimen durante 15 años y allí la presidencia se turnaba cada tres años entre los integrantes, sin disputas ni peleas por el manejo del poder.
La presidencia de la Corte tiene que ser rotativa La presidencia de la Corte tiene que ser rotativa
Ese poder concentrado en la Corte es uno de los principales obstáculos para avanzar en las reformas, porque impide tomar decisiones de política judicial. No hablo de política partidaria, sino de definir qué reformas necesita la sociedad, cómo encararlas y con qué ingeniería institucional.
El Poder Judicial no tiene líderes: tiene jueces, y los jueces deben hacerse responsables de esas decisiones. En esto tengo una visión absolutamente distinta a la del doctor (y presidente de la Corte, Dalmiro) Garay, y lo he manifestado públicamente. Él tiene una visión más vinculada a su formación inicial en la Franja (Morada); mi mirada siempre fue contraria a la Franja. Esto no es militancia.FUENTE: SITIO ANDINO