Mendoza, de de
Mendoza, de de
Cómo se reparten los fondos en la provincia de Mendoza, qué es la coparticipación municipal y por qué genera disputa entre los departamentos.
La coparticipación continúa siendo el principal ingreso de la mayoría de los municipios mendocinos y define en gran medida su capacidad para prestar servicios, planificar obras y sostener su funcionamiento cotidiano. Sin embargo, la necesidad de una reforma estructural es una demanda de intendentes y legisladores, sobre la que aún no se logra avanzar.
La Provincia de Mendoza cuenta con un régimen de coparticipación municipal de distribución automática de impuestos provinciales y nacionales desde el año 1988. Desde entonces ha habido cambios en los índices y parámetros de distribución del mismo, mutando de conceptos devolutivos hacia conceptos redistributivos, ejecutándose la principal reforma en 1996 con la sanción de la Ley 6.396 que es la que aún sigue vigente con prórrogas y modificaciones.
Mendoza supo tener regímenes previos que introducían incentivos de responsabilidad fiscal; donde casi un tercio de los indicadores fomentaban un comportamiento fiscal responsable. Sin embargo, los problemas financieros de muchos municipios ocurridos a mediados de los noventa motivaron adelantos y transferencias "extra régimen" de la Provincia, y esto generó presión de ciertos gobiernos municipales para no devolver los fondos anticipados, y al mismo tiempo administrar los recursos recibidos sin consecuencias de premios o castigos basados en la eficiencia fiscal.
En este contexto nació la presente Ley en 1996, con limitaciones.
La masa coparticipable surge de impuestos cuya recaudación está centralizada en el Gobierno provincial. Incluye:
Inmobiliario
Automotor
Ingresos Brutos
Sellos
A eso se suma la parte que Mendoza recibe del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales. Así, la provincia unifica la recaudación y la distribuye luego entre los municipios de acuerdo con la ley vigente. Esto es la masa "primaria".
Además, perciben transferencias condicionadas y no condicionadas de las jurisdicciones Provincial y Nacional en la forma de fondos descentralizados con afectación específica y ocasionalmente, también se pueden recibir aportes de Tesoro Nacional, cuya asignación depende de la exclusiva discrecionalidad del Ministerio del Interior.
Por su parte, la Constitución provincial limita la potestad tributaria municipal a tasas y derechos por servicios, además de multas y sanciones por infracciones. Cada departamento define sus recursos propios a través de Códigos Tributarios y Ordenanzas Tarifarias.
El Gobierno logró los dos tercios de los votos necesarios para refinanciar $350.000 millones de la deuda provincial, a través de un canje de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos previstos para el próximo año. Además, obtuvo autorización para salir a buscar financiamiento externo para infraestructura vial.
Pero las negociaciones derivaron en el agregado de un artículo para infraestructura educativa. A pedido de la oposición, se sumó una inversión de $73 mil millones para reparación de escuelas, ampliación y construcción de instituciones nuevas.
Otro punto en el que cedió el oficialismo fue el vinculado al Financiamiento Educativo, regulado por la Ley Nacional 26.075, la cual dispone del envío de fondos a las provincias. Mendoza había fijado que al menos un 40% de los que les llega a los municipios por coparticipación sea para infraestructura escolar, bajo autorización del Gobierno, pero el peronismo pidió eliminarlo. Los intendentes del PJ reclamaron tener más autonomía para decidir el destino de esos fondos.
A su vez, la oposición se quejó del texto referido al Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, cuyo objetivo es igualar el costo del servicio eléctrico entre los diferentes departamentos, debido a que los costos operativos varían según las distancias y las infraestructuras.
Los intendentes opositores, a través de sus diputados, lograron que se eliminara el tope del 10% equivalente al valor de la factura, un adicional para mantener el alumbrado público, y será el Ente Provincial Regulador Eléctrico el que verificará los costos reales de cada comuna. Pese a esta modificación, el peronismo y el Partido Verde no acompañaron este artículo en particular.
El esquema actual distribuye el 90% del dinero entre los municipios según dos criterios principales:
65% por cantidad de habitantes
25% como suma fija para todos por igual
Este reparto favorece a los municipios más poblados, aún cuando no sean los que más aportan a la recaudación o los que enfrentan mayores costos. Y tampoco contempla dinámicas particulares, como el caso de Ciudad de Mendoza, que presta servicios diarios a una población flotante que puede triplicar a sus contribuyentes.
Además, la distribución en partes iguales -que representa un cuarto del total- carece de una justificación técnica clara y ha sido cuestionada históricamente por su impacto regresivo.
Otro factor clave es la condición de departamento petrolero: quienes producen hidrocarburos suelen recibir más recursos, mientras que aquellos con menor densidad poblacional también acceden a compensaciones. Sin embargo, estos criterios no reflejan indicadores como pobreza, necesidades básicas insatisfechas o eficiencia de gasto, aspectos que la ley original intentó incluir.
La Ley 6.396 reconoce el carácter transitorio del actual régimen y ordena conformar una Comisión Bicameral para diseñar un sistema definitivo. Nunca ocurrió y la norma continúa prorrogándose.
Desde 2009, cuando el porcentaje destinado a los municipios pasó del 14% al 18,8%, Mendoza se ubicó entre las jurisdicciones que más recursos transfieren a sus gobiernos locales. Entre 23 provincias, es la cuarta que más coparticipa fondos nacionales a los municipios.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial actualizó los índices de distribución que comenzaron a regir el 1 de enero de 2025, mediante resolución y decreto complementario.
Los recursos distribuidos provienen de:
La Coparticipación Federal
Inmobiliario, Automotor, Ingresos Brutos y Sellos
Ley 6253 (Planes de Regularización y Facilidades de Pago)
Regalías uraníferas e hidroeléctricas
La actualización se basó en la información estadística más reciente (CENSO poblacional de 2022) en base a lo establecido por la Ley 6396 y utiliza el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal, creado por la Ley 9550, que busca equiparar lo que recibe cada departamento por habitante según características económicas y territoriales similares.
El reparto se basa en criterios que combinan población (65%), distribución equitativa (25%) y equilibrio financiero (10%).
Un punto técnico destacado es el cálculo de las regalías uraníferas: como no hay producción de uranio desde hace años, los índices se basan en los datos de 1999. En el caso del petróleo y gas, las regalías se distribuyen mensualmente como es habitual.
