El dictamen, emitido tras un exhaustivo análisis, confirmó que la decisión del DGI no violó principios ambientales ni constitucionales.

La resolución de Irrigación, liderada por el ingeniero Sergio Marinelli, se basó en estudios científicos que permitieron un reajuste en los volúmenes de agua disponibles sin poner en riesgo la subcuenca. La Fiscalía de Estado destacó que la entidad actuó de forma correcta y que los permisos para nuevas perforaciones son solo un paso inicial, ya que cada caso será evaluado de forma individual para asegurar que se cumpla con la normativa.

Aun así, la Fiscalía recomendó modernizar el marco legal del agua en la provincia, sugiriendo integrar proyecciones climáticas y priorizar el uso humano y productivo en las regulaciones. Este pedido es visto por el DGI no como una crítica, sino como un respaldo a su visión de una gestión hídrica eficiente y adaptable a los desafíos futuros. El trabajo de Irrigación en el manejo de la crisis hídrica se considera ejemplar, ya que ha logrado un equilibrio entre la necesidad de desarrollo productivo y la conservación del recurso.