En un drástico giro regulatorio condicionado por la merma en los ingresos fiscales, la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió la Resolución General N° 1166 mediante la cual eliminó la utilización de cheques físicos y electrónicos (eCheq) como instrumento de cobro y pago en las cuentas de inversión administradas por los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC). La disposición revierte formalmente la flexibilización aplicada hace apenas cuatro meses -que permitía el fondeo con títulos que acumularan más de un endoso- y establece que, a partir de ahora, todo flujo monetario hacia o desde los agentes bursátiles deberá canalizarse de manera obligatoria a través de transferencias hacia cuentas bancarias a la vista o billeteras virtuales (CVU) asociadas al CUIT de los clientes.

La justificación oficial de la CNV argumentó la urgencia de dotar de disponibilidad inmediata a los fondos, mitigar contingencias por rechazos operativos y fortalecer la trazabilidad para prevenir maniobras distorsivas. Sin embargo, el desencadenante directo de la medida radica en el marcado deterioro en la recaudación del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB), tributo que registró retrocesos interanuales en términos reales del 11% en junio, 6,3% en julio y 9% en agosto. Las alertas emanadas desde los despachos de recaudación detectaron que múltiples corporaciones utilizaban el circuito del eCheq endosado directamente a las ALyC como una estrategia lícita para rentabilizar liquidez sin pasar por cuentas corrientes, eludiendo la alícuota del 0,6% por movimiento.

La marcha atrás oficial despertó un inmediato y unánime repudio entre los principales analistas y operadores de la plaza financiera local, quienes advirtieron que la prioridad estrictamente recaudatoria conspirará contra el dinamismo y la bancarización de la economía real. Desde diversas firmas de inversión y consultoras del sector advirtieron que esta marcha atrás constituye un claro retroceso para la inclusión de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales, privando a la cadena comercial de un mecanismo ágil de financiamiento y liquidez de corto plazo para cerrar un atajo impositivo que el propio Estado había habilitado en mayo.