La minería en Mendoza cobra impulso con nuevos proyectos, inversiones millonarias y un renovado apoyo político y social en la provincia.
Esta nueva conmemoración encuentra a Mendoza en un punto muy particular respecto a una industria histórica en la provincia, abandonada y que no pudo ser recuperada en muchas décadas por distintas circunstancias políticas y económicas.
Mendoza por estos días transita un fuerte apoyo político a la actividad y un importante cambio en el humor y apoyo social a la industria, después de años de oposición mayoritaria a una actividad lícita y reglamentada, con argumentos dogmáticos, falaces y oscurantistas.
Mendoza cuenta con recursos minerales críticos y un potencial geológico destacado. El área denominada Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) abarca cerca de 18-20 mil km² de las fajas cordilleranas, superponiéndose a las mismas vetas geológicas que albergan grandes yacimientos chilenos. En ese polígono existen más de 200 permisos mineros agrupados en decenas de proyectos exploratorios. Según datos de ProMendoza, esta zona "está atravesada por las mismas fajas geológicas que los exitosos proyectos chilenos" y posee un "enorme potencial geológico". El cobre, en particular, es considerado un mineral estratégico para la transición energética y la demanda global de tecnologías renovables y digitales. Estas condiciones han llevado a impulsar un plan de exploración intensivo que podría convertir a Mendoza en un polo minero a nivel nacional.
La gestión provincial ha reformado el marco normativo para facilitar la minería. En 2024 se sancionó un nuevo Código de Procedimiento Minero que agiliza permisos e incorpora estándares de sostenibilidad ambiental y social. Paralelamente, se fortaleció la Autoridad Ambiental Minera para supervisar los proyectos. A nivel político, Mendoza se sumó a la Mesa del Cobre con otras provincias productoras y a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), comprometiéndose con prácticas más abiertas y globalmente reconocidas.
Sin embargo, la normativa local exige que los Estudios de Impacto Ambiental (DIA) sean ratificados por la Legislatura (Ley 7722). En noviembre de 2024, el Senado aprobó por amplia mayoría (33 votos a favor y 3 en contra) las 34 declaraciones de impacto ambiental acumuladas para Malargüe. Esto significa que, concluida la instancia técnica, los proyectos exploratorios recibieron el aval político necesario para avanzar. El gobernador Cornejo ha subrayado este contexto diciendo que, tras "poner la casa en orden" en su primer mandato, ahora la prioridad es "abrir la casa al progreso, y la minería será el motor de ese progreso", siempre "respetando el agua, el medio ambiente y las próximas generaciones".
De los 34 proyectos que aprobó la Legislatura, todos han avanzado en cumplir con las presentaciones burocráticas ante los diversos organismos, pero el avance en el terreno es casi nulo.
Eso tiene una explicación: las campañas de exploración en terreno se realizan en la temporada de fin de primavera y verano; las aprobaciones legislativas se realizaron en noviembre, por lo que los primeros avances sobre los diversos terrenos recién se podrán ver en la próxima temporada.
Algunos de los proyectos aprobados por la Legislatura ya tenían información anterior, como Cobrea, Impulsa y Ontario, y sacan una pequeña ventaja al resto. Por ejemplo, Cobrea ya tiene estudios de geofísica de años anteriores.
El impulso gubernamental se traduce en avances concretos de obras y exploraciones. Entre ellos se destacan:
MDMO (Malargüe Occidental): El Distrito Minero Occidental ya incorporó 34 proyectos de exploración aprobados y 5 ratificados previamente. Hay otros 27 proyectos en curso de Evaluación de Impacto Ambiental, y se esperan al menos 50 nuevos proyectos propuestos para 2025.
PSJ Cobre Mendocino: El más conocido y adelantado, con más de 62 millones de dólares invertidos y una posible inversión de más de 500 millones. Podría ser el primer proyecto de cobre en producción de Mendoza, generando aproximadamente 3.900 empleos y exportaciones desde la provincia.
Potasio Río Colorado (PRC): Ubicado en Malargüe, es la mayor mina de potasio de Sudamérica. Opera una planta piloto, tiene reservas comprobadas de 48,75 millones de toneladas, y se proyecta una producción de 1,5 millones de toneladas anuales para 2027, con una inversión superior a 800 millones de dólares.
Estos proyectos forman parte de un conglomerado más amplio de iniciativas (hierro, litio, cobre, etc.) que reciben apoyo provincial a través de estudios geológicos y financiamiento.
El desarrollo minero en Mendoza promete dinamizar la economía regional. Según proyecciones, la explotación de yacimientos en Malargüe podría generar 100 millones de dólares anuales y más de 600 empleos directos (y unos 6.000 indirectos), que se sumarían a lo que pueda aportar PSJ Cobre Mendocino.
Además de empleos, la minería atrae inversión privada y tecnología. Impulsa Mendoza, la empresa estatal, lanzó el plan Impulsando Exploraciones para brindar financiamiento a los inversores mineros.
Las autoridades destacan que este desarrollo permite diversificar la matriz productiva, creando encadenamientos para PyMES locales y potenciando a Mendoza como un hub financiero regional. Ejemplo de esto es que Mendoza fue sede del primer TSX CPC Roadshow de América Latina junto a la Bolsa de Toronto.
La expansión minera conlleva retos ambientales y sociales. El gobierno insiste en que será "respetando el agua y el medio ambiente". En 2024, se duplicaron las inspecciones ambientales (903 controles) y se creó una Policía Ambiental. También se ofrecieron capacitaciones para docentes (1.200 inscriptos) para fomentar el conocimiento sobre minería sostenible.
A pesar de ello, resurgen tensiones sociales. Grupos anti-minería impulsan nuevas áreas protegidas y amparos judiciales, replicando acciones del pasado. Analistas advierten no repetir errores como en 2005, cuando se endureció la ley 7722. Las autoridades insisten en la necesidad de diálogo social y cumplimiento de audiencias públicas.
Mendoza ha trazado un rumbo: convertir la minería en motor de crecimiento regional. El gobernador Cornejo afirmó que "la minería será el motor del progreso", dentro de un modelo moderno, transparente y sostenible.
Aunque falta consolidar proyectos y resolver conflictos sociales, defensores del sector señalan que la provincia tiene ventajas competitivas (infraestructura, capital humano, ubicación estratégica) para convertirse en un referente nacional en minerales críticos.
Las oportunidades incluyen cobre, potasio, oro, hierro, y otros, a medida que avance la exploración. Para Mendoza, la minería representa una ventana de oportunidad económica: podría pasar de la exploración a liderar la producción nacional de cobre.
El desafío será balancear el potencial productivo con la protección ambiental y el consenso social, siguiendo el nuevo marco legal. Si Mendoza logra consolidar este camino, y dirigencia y sociedad comprenden el desarrollo que puede aportar la actividad, en cuatro o cinco años la provincia podría ver los primeros frutos de una industria capaz de cambiar su futuro.