En un nuevo encuentro de las máximas autoridades de las universidades nacionales de todo el paí­s, donde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)fue parte a través de su rectora Esther Sánchez, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) analizó la situación que atraviesa la educación pública en el paí­s. Todas las instituciones emitieron un comunicado en conjunto. En consecuencia, rectores y representantes de los organismos que representan a los docentes y no docentes y a los estudiantes, anunciaron una nueva movilización para el 2 de octubre.  

Esther Sánchez indicó que "se emitió un documento en cual se habla de "sí­ al financiamiento universitario", pensando en el compromiso de un paí­s de seguir siendo una Nación".

La rectora de la UNCuyo detalló que se determinó que "sea una marcha federal", lo cual implica que "también se invita a las universidades de cada uno de los lugares para que se organice esa marcha concomitante con la marcha a realizarse hacia el Congreso de la Nación".

Asimismo, expresó que "se invita no solo a todos los miembros de la comunidad universitaria, sino a todas las familias y a las familias como nos acompañaron en la marcha del 23 de abril". En aquella ocasión, fueron miles de mendocinos que se sumaron a la marcha en medio de la tensión entre el Gobierno nacional y las universidades.

Sánchez agregó que "también hay un pedido a los legisladores nacional que tienen la responsabilidad de actuar en el caso de que se vete la Ley de Financiamiento Universitario".

El diputado nacional mendocino Julio Cobos se refirió a lo sucedido. "Contundente comunicado del CIN, interpelando al presidente para que no desfinancie el sistema, a nosotros los legisladores para que no avalemos el veto en caso de que avance, y a la sociedad para que, una vez más, defienda la histórica universidad pública argentina", dijo el exvicepresidente.

El comunicado

Con la preocupación por un contexto cada vez más difí­cil, ante la desconsideración y el hostigamiento que no cesan y frente a la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización que ponen al lí­mite de sus posibilidades al sistema cientí­fico y universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) levanta nuevamente su voz para reclamar respuestas y convoca a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino.

Desde principios de año nos pusimos a disposición de las autoridades nacionales para la búsqueda de soluciones y advertimos las dificultades que el sistema universitario atravesaba. Lo hicimos razonablemente pero con firmeza mientras que soportamos una campaña injusta y falaz, sistemática y planificada, que intenta desprestigiar lo que sucede en el ámbito cientí­fico y universitario desmereciendo el esfuerzo de millones de estudiantes y miles de docentes y no docentes de todo el paí­s.

No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Todos los intentos por buscar espacios que permitan gestionar las dificultades para colaborar en la búsqueda de soluciones resultaron infructuosos. Ni la paritaria nacional, ámbito natural para la resolución de controversias, funcionó con continuidad.

Hizo falta que la sociedad llenara, conmovedoramente, plazas y calles de todo el paí­s en defensa de la universidad pública para que empezáramos a tener algunas respuestas a las dificultades señaladas; respuestas que prolongaron la agoní­a, pero que no pudieron, porque no quisieron, resolver los problemas estructurales.

La situación hoy es más crí­tica que a comienzos de año, con un capí­tulo dramático en materia salarial. Es inadmisible y profundamente injusto que quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales y, con su trabajo diario permiten que las universidades funcionen, sean hoy los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados.

Más del 70 por ciento de las y de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la lí­nea de pobreza  y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año.

En ese escenario sombrí­o, la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario para sostener el sistema en el presente año, abrió una esperanza, otorgando previsibilidad en materia presupuestaria y una respuesta a la angustiante situación salarial. Se trata de una ley responsable que resuelve los problemas de manera razonable porque evita comprometer fiscalmente al Estado. A pesar de saberlo fehacientemente, el Gobierno manifestó que optarí­a por vetarla. La esperanza abrió paso, una vez más, a la incertidumbre.

Al mismo tiempo que se amenaza con el veto, se eleva al Congreso un proyecto de presupuesto para el 2025 que agrava aún más la situación. Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades.

Un presupuesto es, ante todo, una declaración de principios. Y es evidente que los principios expuestos difieren sustancialmente de lo que entendemos que el paí­s debe priorizar para resolver sus problemas estructurales.

Como argentinas y argentinos, queremos aportar nuestro esfuerzo a la construcción de una economí­a equilibrada que favorezca el desarrollo y el crecimiento, pero advertimos que será solo una utopí­a si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegia la inversión en ciencia y educación.

Es un error concebir como un gasto lo que allí­ se destina. Incluso desde una perspectiva exclusivamente económica, no resulta razonable menospreciar el valor estratégico que tiene la producción cientí­fica y de conocimiento. No en vano los paí­ses desarrollados del mundo invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas: saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer descansa en estos aspectos.

Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso.

Reunidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 dí­as del mes de septiembre del 2024, las rectoras y los rectores de todas las universidades públicas del paí­s, con la convicción de que la educación es la respuesta a todos nuestros problemas y en un grito de auxilio para sostener la universidad que es orgullo de toda la Nación, pedimos:

Al Sr. Presidente de la Nación, que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025. No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí­ descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos.

A las y los legisladores nacionales, muchas y muchos graduados de la universidad pública y miembros de nuestras comunidades, que, de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno nacional, sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y cientí­fico las condiciones mí­nimas e indispensables para su funcionamiento.

A la sociedad argentina, que supo construir a lo largo de la historia un sistema universitario reconocido en el mundo por su excelencia, que acompañó con extraordinarias movilizaciones cada vez que la historia llamó a su puerta, nuestro sincero agradecimiento, y nuestra invitación a que lo hagamos de nuevo.