El sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) arribó a sus 30 años de vigencia institucional inmerso en un escenario de creciente tensión corporativa y judicial. A pesar de registrarse una sostenida reducción en los índices de siniestralidad real dentro de las plantas fabriles, la cantidad de demandas por accidentes y enfermedades profesionales consolidó una tendencia al alza que amenaza la sostenibilidad económica del esquema vigente.

Las proyecciones estadísticas elaboradas para el primer cuatrimestre del año en curso anticipan que se tramitarán más de 138.000 nuevos litigios hacia el cierre del período, consolidando una marca histórica para el sector. Este incremento sostenido ocurre a pesar de contar con la reforma de la Ley 27.348, una normativa que cumplirá casi una década de vigencia pero que padece un incumplimiento sistémico en sus puntos de control centrales.

El núcleo del conflicto operativo radica en la falta de constitución de los cuerpos médicos forenses en las jurisdicciones provinciales. Aunque 18 provincias adhirieron formalmente al texto de la normativa nacional, ninguna de ellas puso en funciones operativas a estos equipos integrados por profesionales cuyos honorarios oficiales no queden atados al porcentaje de incapacidad médica determinado en el dictamen.

Esta distorsión metodológica genera brechas técnicas alarmantes entre los dictámenes emitidos por las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y los fallos dictados por los magistrados. Mientras que las juntas administrativas determinan un nivel de incapacidad promedio del 1,3 por ciento, los peritajes realizados en sede judicial elevan esa misma ponderación de daño a un promedio del 13,7 por ciento.

La disparidad de criterios interpretativos frente a patologías idénticas, sumada a la dispersión de los índices económicos aplicados por los jueces para actualizar los montos indemnizatorios, introdujo un componente de imprevisibilidad financiera. Desde las cámaras empresariales definen este desvío como un sobrecosto del sistema que superó los 2.140 millones de dólares, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas.

Los analistas sectoriales señalan la paradoja de que la siniestralidad fabril retrocedió un 70 por ciento en los últimos quince años, mientras las curvas de demandas escalan de forma ininterrumpida desde la pospandemia. El encarecimiento de las pólizas de cobertura obligatoria, que actualmente promedian el 3 por ciento de la masa salarial, requeriría un ajuste técnico al alza si no se frena la proliferación de presentaciones especulativas fuera de término.

Fuente: LaNación.