Mendoza, de de
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El ministro de Defensa quiere dejar sin efecto el recorte del 40% que afecta a militares enviados al extranjero. El beneficio no impacta en el equilibrio fiscal
El recorte del 40% en los haberes que perciben los militares en el exterior fue establecido por el decreto 1140/2007, durante la gestión kirchnerista de Nilda Garré como ministra de Defensa.
Esa medida rompió el vínculo que existía entre las compensaciones de los agregados militares y el personal diplomático. Desde entonces, quienes representan a las Fuerzas Armadas en funciones internacionales -ya sea como auxiliares en embajadas, observadores de la ONU, comisionados técnicos o becarios en centros de formación- reciben ingresos considerablemente más bajos que sus pares de otras fuerzas.
El beneficio para militares en el exterior que ahora se plantea restituir busca equilibrar esta situación. Además, la aplicación del impuesto a las ganancias -que representa una quita del 35% sobre sus ingresos- agrava aún más la desventaja, ya que no se aplica a los diplomáticos por una medida cautelar promovida por la Asociación del Personal del Servicio Exterior de la Nación (APSEN).
Desde el ministerio de Defensa sostienen que esta medida no compromete el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico del gobierno nacional. El beneficio para militares en el exterior se financiaría sin recurrir a partidas extraordinarias ni modificar el presupuesto aprobado, según explicaron fuentes cercanas a Petri.
La decisión se enmarca en una revisión más amplia del trato que reciben los efectivos militares en comparación con las fuerzas de seguridad como Gendarmería, Prefectura y la PSA, cuyos integrantes destacados en el exterior no sufren el mismo recorte.
Luis Petri dejó entrever esta intención durante el acto del miércoles pasado, en conmemoración del Día de la Armada, en el que valoró la labor internacional de las Fuerzas Armadas y planteó la necesidad de actualizar los criterios de reconocimiento económico.
