A través de una acción declarativa de certeza el presidente del Partido Demócrata, Armando Magistretti, ejerce presión para que la Suprema Corte de Justicia determine en qué casos es admisible la designación de familiares en el Estado. El senador provincial pretende que le pongan lí­mites claros a la excepción contemplada en el apartado 7 del artí­culo 7 de la ley 8993 de í?tica Pública. En concreto, esa norma prohí­be designar parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, o tercero de afinidad para que presten servicios en la repartición a su cargo "salvo que cumplan con el requisito de idoneidad debidamente acreditado". La intención de Magistretti es que la Corte establezca cómo se acredita esa idoneidad. 

"Con la presente se busca que el Alto Tribunal de certeza del alcance de lo dispuesto por el artí­culo 7 apartado 7 de la ley 8993, en referencia a la expresión de que, a pesar de la prohibición de nombrar parientes, salva esta prohibición bajo el concepto de acreditada idoneidad", expresa la acción interpuesta ante la Suprema Corte.

El fundamento de la presentación es que es necesario darle certezas a los gobernantes y legisladores sobre su obrar "legal y ético" y para ello es necesario tener precisión sobre el alcance de la letra de la ley. Incluso, adhiere que la necesidad se fundamenta en la falta de herramientas que tiene el auditor de í?tica Pública para sancionar casos que considere contrarios a la ley.

"Se presenta esta acción debido a la imposibilidad legal del señor auditor de ética pública de poder iniciar acciones judiciales o administrativas por falta de legitimación, y ante la ausencia de intervención de otros organismos que sí­ tienen esa posibilidad y no han actuado, dejando el manto de dudas sobre temas tan irritativos para la sociedad como es el nepotismo", esgrime Armando Magistretti en el escrito que ingresó esta semana ante el máximo tribunal.

El legislador demanda que Fiscalí­a de Estado también se involucre en el tema. "Pareciera que han dejado liberada discrecionalmente la valoración del pariente nombrado al pariente nombrador, cuestión que agrede el principio de razonabilidad del artí­culo 39 de la ley 9003, dando lugar a la arbitrariedad", sostiene el accionante. 

"En concreto, la situación se ha planteado en distintas intendencias como Malargí¼e, Santa Rosa y Rivadavia, donde ha intervenido el auditor de ética pública a través de sus excelentes dictámenes 239, 261, 273 y 936, manifestando con argumentos de gran valí­a jurí­dica su cuestionamiento a esos nombramientos parentales", adhiere y remarca que a pesar de ello los intendentes "han hecho caso omiso del dictamen del auditor manteniendo al pariente en el cargo.

Paralelamente, el mismo senador provincial ha presentado un proyecto de ley en la Legislatura que apunta a evitar nombramientos de familiares a través de otros funcionarios. En ese sentido, exige que se incluya en la declaración jurada la especificación de "las personas que por razones de parentesco legal o de afinidad o amistad í­ntima, estén trabajando para cualquier ámbito de la administración pública en la Provincia de Mendoza". De esa forma se sabrá si los familiares son designados luego de que el pariente llegó a ejercer un cargo o si estaban en el Estado desde antes de que eso ocurriera.