El Gobierno de Mendoza envió formalmente a la Legislatura provincial el proyecto de ley destinado a ratificar el Decreto 1691, norma mediante la cual se aprobó el convenio suscripto con el Estado nacional bajo el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El acuerdo, celebrado el pasado 27 de julio entre el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, formaliza un mecanismo de compensación entre créditos y pasivos mutuos pendientes entre ambas jurisdicciones.

Como eje central de la concertación, el Estado nacional reconoció acreencias a favor de Mendoza por un total de $121.282 millones. Dichos fondos corresponden a liquidaciones adeudadas del Consenso Fiscal, certificados pendientes por programas de construcción de viviendas y financiamiento de obras de infraestructura vial ejecutadas por la provincia sobre las rutas nacionales 40 y 143. La regularización de estos conceptos permite consolidar la posición patrimonial de la administración local frente a la Nación y fijar pautas precisas para la cancelación del saldo resultante.

Perfil financiero, vigencia y proyección de nuevos acuerdos

De acuerdo con las estimaciones técnicas del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial, la reestructuración del esquema de pagos reportará un beneficio financiero estimado en $7.677 millones para el erario público. Esta mejora se fundamenta en la optimización del perfil de vencimientos de la deuda provincial y el saneamiento definitivo de pasivos cruzados que carecían de resolución administrativa.

El convenio alcanzará plena vigencia operativa una vez que concluya el trámite de sanción en ambas cámaras legislativas. Asimismo, el marco regulatorio del acuerdo deja abierta la posibilidad jurídica de incorporar de manera progresiva nuevas acreencias y conceptos compensables en futuras addendas entre el Ejecutivo provincial y el Palacio de Hacienda.