Mendoza, de de
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El Gobierno abrió las ofertas económicas para ocho tramos nacionales por 3.900 kilómetros. En paralelo, Casa Rosada ratifica la transferencia de obras y mantenimiento de la ruta A012 al gobierno de Santa Fe para potenciar el polo agroexportador.
El Gobierno nacional avanzó en la reestructuración del mapa vial con la apertura de ofertas económicas para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y la firma del primer acuerdo de traspaso con la provincia de Santa Fe. La medida busca incentivar la inversión privada y otorgar un mayor rol a los estados provinciales en la gestión de infraestructura.
La licitación comprende ocho tramos que abarcan 3.900 kilómetros sobre las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34 y 66. Con esta instancia se encamina la privatización de 9.000 kilómetros de la red nacional mediante contratos de concesión por peaje estipulados a 20 años.
En Casa Rosada, las autoridades nacionales y la gobernación de Santa Fe suscribieron la transferencia de las tareas de reparación y mantenimiento sobre la ruta A012. El convenio, que se extenderá por dos décadas, le otorga al distrito la potestad de coordinar las obras en el principal corredor de acceso al puerto del Gran Rosario.
La iniciativa aplica el marco fijado por el Decreto 253, el cual permite a las provincias asumir la administración de tramos nacionales sin perder el dominio público federal. Para concretar el traspaso, cada jurisdicción debe presentar un plan de obras y garantizar que la recaudación por peajes se revierta exclusivamente en la traza intervenida.
El esquema de concesiones y descentralización forma parte de la política oficial para expandir la capacidad vial sin recurrir al financiamiento del Tesoro. El Ministerio de Economía considera que este modelo permitirá modernizar la logística necesaria para potenciar la competitividad del sector agropecuario, la minería y los hidrocarburos.
Con este mecanismo, la administración central busca resolver el deterioro de las trazas nacionales, habilitando a los gobiernos provinciales a diseñar soluciones locales de financiamiento para garantizar la transitabilidad de sus ejes productivos.
