La aprobación del Proyecto San Jorge para explotar cobre marca el inicio de una nueva era económica en Mendoza, un hito que algunos consideran la mejor noticia productiva de los últimos 40 años. Sin embargo, este paso histórico viene con una obligación innegociable: el control estricto, transparente y sin fisuras para garantizar que la nueva etapa se desarrolle sin corrupción ni daño ambiental.

La histórica votación de la Cámara de Senadores que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge (PSJ) Cobre Mendocino no es un hecho más en la provincia. Este desarrollo de cobre a mediana escala, ubicado cerca de Uspallata, es clave no solo para la economía local, sino para la transición energética global, ya que el cobre es esencial para las tecnologías limpias. Es la gran oportunidad que Mendoza esperó durante décadas.

Hay quienes sostienen que la luz verde a San Jorge es, de hecho, la mejor noticia económica que ha recibido Mendoza desde el retorno de la democracia. Representa una inyección de inversión ($1.300 millones), generación de empleo calificado y la diversificación de una matriz productiva históricamente dependiente del vino y el turismo. La provincia, al fin, se abre a una actividad que es motor de desarrollo en el mundo.

El Acuerdo Social Ineludible: Control, Transparencia y Anticorrupción

Ahora bien, la euforia por la nueva etapa debe ceder ante la exigencia de responsabilidad. La aprobación de la DIA, aunque contempla un complejo esquema de participación ciudadana, monitoreo (SIMAT) y fondos socioambientales, no es un cheque en blanco.

Si Mendoza quiere ser un faro de desarrollo minero responsable en Argentina, el foco debe estar puesto en la tríada innegociable:

• Sin Contaminación: El control ambiental debe ser constante e implacable. La existencia de una Unidad de Gestión Ambiental y el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), con telemetría y trazabilidad de cargas, debe ser más que una promesa; debe ser la garantía diaria de que la provincia protegerá su recurso hídrico y su ecosistema. La desconfianza social acumulada solo se disipa con hechos, no con papeles.
• Sin Corrupción: La corrupción en el manejo de licencias, contrataciones y fondos socioambientales es el veneno que mata la licencia social. La exigencia a la empresa de aplicar Programas de Integridad y actualizar la Declaración Jurada de Buenas Prácticas debe ser vigilada por los organismos estatales y, fundamentalmente, por la ciudadanía. Cada peso del Fondo Socioambiental debe ser trazable.
• Con Control Social: La amplia participación ciudadana y el monitoreo participativo contemplados en la DIA deben ser efectivos. La gente de Uspallata y la Alta Montaña debe sentirse dueña del control. La única forma de sostener el proyecto a largo plazo es si la comunidad local es la primera en garantizar que se cumplen los protocolos.

La aprobación del Proyecto San Jorge es una victoria para el futuro económico de Mendoza, pero la verdadera prueba de fuego comienza ahora. La historia juzgará a esta generación no por la ley que aprobó, sino por el control y la ética con la que la hizo cumplir.