Mendoza, de de
Javier Milei activa sesiones extraordinarias con Presupuesto, reforma laboral y cambios claves. El Gobierno busca afianzar su nuevo poder en el Congreso.
Hoy se firmaría el llamado a sesiones extraordinarias que promete 20 calientes días en diciembre. Presupuesto, Reforma Laboral de sesgo empresarial, Ley de Glaciares y la inocencia fiscal, que por fin pondría en marcha el postergado Plan Colchón, serían los temas que garantizarían debates interminables y sesiones de antología.
Desde la Rosada insisten que, evaluada la suerte política de este primer tramo, podría haber nuevas convocatorias a extraordinarias para enero y febrero de 2026 para avanzar en las reformas estructurales que el presidente Javier Milei considera indispensables para consolidar la orientación política, económica y administrativa de su gestión.
En el centro de la primera convocatoria aparece el tratamiento del Presupuesto 2026, pero la iniciativa que promete dominar el debate, tanto dentro como fuera del Congreso, es la reforma laboral. El Gobierno concibe este proyecto como el pilar de un proceso más amplio de reconfiguración de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. Para la CGT, en cambio, se trata de un ataque directo a las bases históricas del sistema laboral argentino. La confrontación que se anticipa en el Parlamento podría convertirse en uno de los episodios políticos más relevantes desde el inicio de la administración libertaria.
El Presupuesto, que ya cuenta con dictamen en Diputados, constituye la prioridad inmediata del oficialismo. El ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantienen negociaciones con gobernadores y legisladores de bloques aliados para garantizar una media sanción antes de fin de año. La discusión incluye cuestiones sensibles, como los montos vinculados a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe de gobierno, Jorge Macri, reclama precisiones ante posibles efectos fiscales adversos.
En un Congreso donde La Libertad Avanza carece de mayoría propia y depende de acuerdos puntuales, cada voto implica una negociación. Pese a ello, en la Casa Rosada confían en que el Presupuesto contará con apoyo suficiente, tanto por la necesidad de las provincias de asegurar partidas como por la voluntad política de evitar un vacío administrativo al inicio del próximo ejercicio.
Más allá del Presupuesto, el verdadero pulso político se librará en torno a la reforma laboral elaborada bajo la supervisión técnica del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El proyecto, cuya letra se conoció tras una serie de filtraciones que provocaron malestar interno, propone cuatro ejes centrales: el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, el endurecimiento de las sanciones a los bloqueos sindicales, la regulación estricta de las asambleas internas y una reformulación del régimen indemnizatorio, acompañada por la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado con una contribución del tres por ciento de la masa salarial.
El punto más controvertido es la eliminación de la ultraactividad, que en la práctica asegura que las condiciones de un convenio se mantengan vigentes aun después de su vencimiento. Para la CGT, suprimir este principio significa debilitar el poder de negociación de los trabajadores y habilitar un escenario de precarización. El Gobierno sostiene lo contrario: afirma que la continuidad automática de los convenios ha cristalizado estructuras laborales obsoletas que ya no se corresponden con la dinámica económica real e impide la modernización del mercado de trabajo.
El segundo frente de conflicto es la tipificación de los bloqueos como infracciones graves. El Ejecutivo argumenta que estas prácticas afectan la producción y no pueden considerarse amparadas por el derecho a huelga. Los gremios, en cambio, interpretan la medida como un intento de criminalizar herramientas históricas de presión.
A ello se suma la regulación de las asambleas internas, a las cuales el Gobierno considera responsables de paros encubiertos. El proyecto fija límites estrictos de duración y modalidad, con el objetivo de evitar interrupciones prolongadas en sectores estratégicos. Para los sindicatos, se trata de una intromisión directa en la organización de la vida gremial.
El capítulo indemnizatorio, por su parte, busca limitar la acumulación de recargos y multas, con el fin declarado de evitar la “industria del juicio”. El Fondo de Asistencia Laboral pretende descomprimir el peso inmediato de las indemnizaciones sobre las empresas, aunque especialistas advierten que su financiamiento y administración podrían generar tensiones en sectores de baja productividad.
Además de los proyectos centrales, el temario de extraordinarias incluye la inocencia fiscal, que apunta a simplificar declaraciones juradas y alentar el blanqueo de capitales, y la modificación de la Ley de Glaciares, un reclamo de provincias cordilleranas que, según el presidente Javier Milei, fue transmitido en persona por Alfredo Cornejo, y que permitiría habilitar inversiones mineras en zonas periglaciares. La reforma del Código Penal y la declaración de la educación como servicio esencial completan la agenda de alto voltaje político.
La filtración del borrador de la reforma laboral, presumiblemente tras un intercambio interno con la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, aceleró la reacción sindical y generó incomodidad en la Casa Rosada. Sin embargo, el Gobierno insiste en que no habrá concesiones en los puntos considerados “núcleo duro”, especialmente la ultraactividad y los bloqueos.
Las sesiones extraordinarias se perfilan como el primer gran test político de la segunda parte del gobierno de Javier Milei, con bases parlamentarias más fuertes y la reciente ratificación en las urnas.
Pero así como este primer tramo de legislativas puede significar un triunfo resonante para Milei y abrirle la puerta a nuevas mieles electorales, también puede abrir las puertas a lo desconocido. Si bien en Diputados consiguió la primera minoría y en Senadores un sólido bloque, lo cierto es que aún falta un trecho para garantizar el quórum y las votaciones, para lo cual deberá sumar, por ejemplo, en Diputados, tres decenas más de voluntades. Un trabajo que demandará mucha política y poder de convicción con legisladores que harán valer fuertemente sus votos.
El debate promete ser áspero, y las próximas semanas serán decisivas para medir la fortaleza legislativa de una administración que ha hecho del conflicto su principal motor político.FUENTE: SITIO ANDINO
