La ministra de Energía y Ambiente expuso en la Comisión de Hacienda y Ambiente de Diputados los alcances del proyecto de ley GIRSU, que ya cuenta con media sanción en el Senado. Aseguró que no afecta autonomías municipales y subrayó que ordenará la gestión de residuos de Mendoza.

Acompañada por su equipo técnico, defendió la iniciativa que busca erradicar los basurales a cielo abierto, fortalecer la educación ambiental y garantizar un sistema ordenado en toda la provincia. "Lejos de afectar autonomías municipales ordena el cumplimiento de funciones que algunos municipios tienen olvidadas", destacó Latorre.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, dio detalles del proyecto de ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en plenario de la Comisión de Hacienda y Ambiente de la Cámara de Diputados. Lo hizo acompañada por Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente; Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental; Carla Ortega, coordinadora de Sostenibilidad; y Graciela Marty, coordinadora Interjurisdiccional GIRSU.

El proyecto ya tiene media sanción en el Senado y propone un nuevo marco legal para garantizar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, erradicar basurales a cielo abierto, ordenar a los recicladores y avanzar hacia una provincia ambientalmente responsable.

Latorre expuso ante la Comisión para despejar inquietudes sobre la afectación o no de las autonomías municipales, y aclaró que el proyecto se presenta luego de más de un año de trabajo con los 18 municipios relevando necesidades y propuestas."Lejos de afectar autonomías municipales ordena el cumplimiento de funciones que algunos municipios tienen olvidadas", destacó la Ministra.

"Lo que proponemos es trabajar juntos, arremangarnos juntos e invitar también al sector privado, porque si esperamos que todo se haga únicamente con partidas públicas el proceso será lento e insuficiente. Necesitamos planes ordenados y eficientes para acceder a financiamiento internacional y atraer inversiones que acompañen al esfuerzo local", remarcó.

Además, aclaró que la competencia directa en la recolección y disposición de los residuos sólidos urbanos es y será de los municipios. "No estamos modificando esas competencias, las estamos organizando. La ley vigente data de 1992 y, después de 33 años, tenemos más de 50 basurales en la provincia. Está claro que la normativa anterior no funcionó como la realidad lo demandaba. Hoy debemos asumir nuestra responsabilidad como Estado provincial, junto con ustedes como legisladores, para modernizar la legislación y dar soluciones a problemáticas concretas y actuales", destacó.

"No podemos seguir teniendo basurales, ni microbasurales. Debemos avanzar hacia vertederos controlados y sistemas que respondan a los estándares ambientales de hoy. El incendio en el basural de Luján y los incendios forestales del sur provincial son ejemplos de cómo estas irregularidades terminan convirtiéndose en riesgos ambientales graves", enfatizó.

La ministra puntualizó que el proyecto también ordena y hace más eficiente el trabajo de los recuperadores urbanos. "Cada municipio, en función de su realidad, podrá decidir cómo integrarlos, pero el principio es claro: deben ser parte del sistema, con reconocimiento social, formalización y estándares que garanticen su participación".

"La lógica de este proyecto se asemeja al plan de ordenamiento territorial: cada municipio deberá elaborar su propio plan de gestión de residuos, y nosotros, como autoridad de aplicación, acompañaremos con asistencia técnica e incluso financiera si es necesario", explicó ante la Comisión.

La ministra indicó también que el Consejo Federal de Medio Ambiente solicitó el proyecto mendocino como modelo para la actualización de la ley nacional, lo que demuestra que se encuentra alineado con los principios de la Ley General de Ambiente, la Ley de Presupuestos Mínimos y la normativa provincial.

Valor en la cadena económica y atracción de inversiones

"En vez de tener 56 basurales acumulando residuos que podrían tener valor en otra cadena económica, tenemos que reducirlos al mínimo, con buenos costos, buena logística y, sobre todo, mucha eficiencia, para que no superen el 5% de lo que hoy existe. Eso nos permitirá aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios, vertederos o distintos modelos de disposición que los municipios implementen", amplió.

Además, remarcó que una provincia con gestión eficiente es más atractiva para las inversiones. "Lo importante es que el ordenamiento nos va a permitir también atraer inversiones del sector privado en tecnificación, en trazabilidad y en logística. Creo que esto es lo que realmente estamos ofreciendo a los municipios, que son los principales responsables de estas funciones, y lo que proponemos desde nuestro rol constitucional como provincia".

"No somos perfectos, pero este proyecto contempla problemáticas que en más de 30 años no se habían abordado en Mendoza. Y lo hemos hecho pensando en soluciones que duren, al menos, los próximos 50 años", concluyó.

El proyecto que debe tratar ahora Diputados para convertirlo en Ley establece la creación de un Sistema Provincial de Residuos que articula a todos los municipios bajo principios rectores comunes, con competencias claras, estándares mínimos garantizados y mecanismos de control y participación ciudadana.

La iniciativa impulsa el cierre definitivo de basurales a cielo abierto, la regionalización de la gestión, la inclusión social de los recuperadores urbanos, la educación ambiental y la economía circular, asegurando trazabilidad en todo el proceso. Con financiamiento específico y un esquema de fiscalización riguroso, se configura como una política de Estado con impacto ambiental, sanitario, económico y social para el futuro de Mendoza.