Mendoza, de de
Mendoza, de de
En un movimiento que marca un nuevo rumbo para la economía argentina, el Gobierno nacional concretó la primera privatización bajo la gestión de Javier Milei: la venta de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.), la histórica firma mendocina dedicada a la fabricación de equipamiento energético de alta complejidad.
La decisión genera tanto expectativa como preocupación, y obliga a repensar el rol del Estado en sectores estratégicos.
IMPSA es mucho más que una metalúrgica. Fundada en 1907, se convirtió en símbolo de innovación tecnológica en Argentina, participando en proyectos hidroeléctricos, eólicos, nucleares y solares alrededor del mundo. Ha instalado más de 45.000 MW de potencia en más de 30 países y fue clave en desarrollos de infraestructura energética en América Latina y Asia. Su centro tecnológico en Mendoza la posicionaba como un polo industrial estratégico.
A pesar de su trayectoria, la empresa comenzó a tener problemas financieros graves en la última década, especialmente tras la caída de su filial en Brasil y complicaciones en el cobro de proyectos internacionales. En 2014 entró en concurso de acreedores, y en 2021 fue parcialmente estatizada para evitar su desaparición. Sin embargo, las pérdidas no cesaron. Solo en los primeros nueve meses de 2024 acumuló un rojo de más de $56.000 millones. Frente a esta situación, el Gobierno nacional y la provincia de Mendoza -ambos accionistas- decidieron avanzar con la venta del 84,9% de la empresa al consorcio estadounidense ARC Energy, que comprometió una inversión inicial de 27 millones de dólares y se hará cargo de pasivos millonarios.
Este caso puede sentar un precedente clave para futuras privatizaciones, marcando el retorno de una lógica de "Estado mínimo" y "mercado como motor del desarrollo". Desde una perspectiva macroeconómica, puede interpretarse como una señal para los inversores internacionales: Argentina estaría nuevamente abierta a los negocios y a reducir el peso del Estado en sectores productivos. Para otras empresas tecnológicas o industriales, este movimiento implica una competencia renovada: ARC Energy tiene capital, experiencia y contactos para posicionar a IMPSA como un actor global. Pero también puede haber efectos colaterales si otras firmas nacionales quedan relegadas frente a este nuevo gigante.
La privatización trae consigo un dilema: ¿puede una empresa estratégica ser gestionada mejor por capitales privados que por el Estado? Para los 650 trabajadores de IMPSA, la incertidumbre es real. Aunque se garantizó la continuidad laboral, el cambio de mando genera lógicas nuevas, objetivos distintos y quizás reestructuraciones futuras. Para Mendoza, que fue durante décadas la cuna de esta industria, hay sentimientos encontrados: orgullo por el renacer posible, pero también dolor por perder el control local de una firma con ADN provincial.
La venta de IMPSA no es solo una transacción financiera: es un símbolo. Representa una nueva etapa de reformas estructurales donde el Estado se corre y el capital privado toma el timón. ¿Será esta la receta para reactivar el entramado productivo argentino? ¿O una advertencia sobre los límites de desestatizar sectores estratégicos? Quizás la respuesta no esté en elegir entre Estado o mercado, sino en construir una alianza inteligente entre ambos. Porque lo que está en juego no es solo una empresa: es la capacidad del país de tener tecnología propia, industria nacional y futuro soberano.
