En un contexto de recesión económica, caída del consumo y fuerte retracción del crédito, el gobierno argentino activó un mecanismo que muchos economistas ya señalan como un blanqueo de facto. A través del Decreto 353/2025, se eliminó la obligación de justificar el origen de fondos utilizados para consumos relevantes o compras en efectivo. Esta medida, presentada como una "reparación histórica del poder adquisitivo", habilita a los argentinos a usar sus dólares no declarados -los famosos "dólares del colchón"- sin temor a sanciones ni fiscalizaciones.

Según el texto oficial, ya no será necesario reportar a la ex AFIP (hoy ARCA) operaciones como la compra de inmuebles, vehículos, bienes de lujo o incluso gastos con tarjeta, independientemente de si se abonan con dinero declarado o informal. En la práctica, esto abre una puerta legal para que quienes guardaron sus ahorros fuera del sistema bancario puedan volver a inyectarlos en el circuito económico sin penalización.

La medida no exige el pago de una multa ni una declaración formal del capital, como sí lo hacían blanqueos anteriores. De ahí que muchos especialistas la consideren una estrategia de estímulo disfrazada, cuyo objetivo es dinamizar el consumo privado sin emitir moneda ni subir impuestos. Se estima que más de 250 mil millones de dólares están hoy fuera del sistema financiero argentino, y permitir que al menos una parte de esos fondos se movilice podría generar alivio en sectores clave como la construcción, el automotriz y los bienes durables.

Si bien el decreto ya está vigente y sus disposiciones se aplican de inmediato, su implementación plena requiere del respaldo legislativo. El Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar normativas como la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Fiscal. El objetivo es otorgar mayor seguridad jurídica a quienes utilicen este mecanismo y consolidarlo como política de Estado, más allá del decreto presidencial. Sin esa aprobación parlamentaria, muchas de las operaciones podrían quedar en una zona gris legal.

El decreto, de todos modos, no está exento de polémica. Por un lado, plantea una posible inequidad frente a quienes sí cumplieron históricamente con sus obligaciones fiscales. Por otro, genera alertas a nivel internacional: organismos como el FMI han advertido que este tipo de medidas deben enmarcarse dentro de normativas estrictas de prevención del lavado de dinero, especialmente en países que mantienen programas de financiamiento vigentes.

A corto plazo, el impacto podría verse en un leve repunte de operaciones que hasta hace poco estaban paralizadas por la incertidumbre y la falta de liquidez. En el largo plazo, sin embargo, persiste el riesgo de profundizar la brecha entre economía formal e informal, debilitando aún más la confianza en el sistema bancario y en las instituciones fiscales.

Argentina vuelve a demostrar su creatividad para lidiar con la informalidad crónica: legalizando lo que antes se ocultaba, en un intento por transformar el ahorro escondido en consumo visible. El desafío será que esta flexibilización no se convierta en un mensaje contradictorio para quienes todavía apuestan por cumplir las reglas.