Mendoza, de de
Mendoza, de de
La normativa oficial para concesionar por 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza establece un filtro previo que excluye a compañías controladas por Estados soberanos, tanto del exterior como del ámbito público local.
La administración nacional formalizó en el Boletín Oficial los pliegos licitatorios para la privatización de la red ferroviaria del Belgrano Cargas, que abarca 7.594 kilómetros operativos a lo largo de 16 provincias para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La principal particularidad regulatoria radica en la inclusión de una condición excluyente que impide la participación de sociedades bajo control directo o indirecto de gobiernos extranjeros, así como de organismos públicos y empresas estatales argentinas, ya sean nacionales o provinciales.
Si bien la disposición cobró notoriedad pública bajo la denominación de "cláusula anti-China", la redacción formal no menciona de forma taxativa al gigante asiático ni veta a empresas de origen extranjero siempre que su capital sea estrictamente privado. El mecanismo funciona como un filtro habilitante que neutraliza a compañías estatales soberanas, replicando el estándar geopolítico y normativo que el Ejecutivo implementó en otros concursos de infraestructura estratégica, tales como la Hidrovía Paraná-Paraguay y el esquema de transporte eléctrico AMBA I.
El proceso licitatorio establece una concesión por un plazo de 50 años sin prórroga para la infraestructura de vías y los inmuebles asociados, manteniendo vigente el sistema de open access (acceso abierto). Bajo esta modalidad operativa, el concesionario privado asume la administración, mantenimiento y gestión del tráfico ferroviario, pero tiene la obligación de habilitar la circulación a formaciones de terceros operadores mediante el cobro de un peaje fijado dentro de bandas tarifarias máximas.
El Presidente será el orador principal en el cierre del tradicional encuentro en el Hotel Alvear; ministros, mandatarios provinciales y directivos de multinacionales debaten sobre reactivación de la actividad, proyectos estratégicos y reformas de desregulación.
La adjudicación no responderá a un canon económico entregado al Estado, sino a una fórmula de ponderación técnica donde obtendrá ventaja la propuesta que combine el mayor volumen de inversión comprometida con el menor costo de peaje por tonelada-kilómetro transportada. Las estimaciones oficiales proyectan que la privatización movilizará cerca de US$ 1.000 millones en obras y modernización de tendido en las tres líneas, permitiendo que los adjudicatarios encuadren sus desembolsos en los incentivos tributarios y de estabilidad cambiaria del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
