Mendoza, de de
Mendoza, de de
Casi el 89% del primer centenar de expositores que participaron ayer del primer día de audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares rechazó el proyecto.
Comenzó este jueves la segunda jornada de audiencias públicas en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir la reforma propuesta por el gobierno de Javier Milei a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, más conocida como Ley de Glaciares. Ayer fue el turno de los primeros elegidos para exponer ante los legisladores de los más de 100 mil que se habían inscripto para poder hacerlo. De los 95 expositores, 84 rechazaron la iniciativa libertaria.
Dentro de los 11 que apoyaron el proyecto hubo una amplia representación sanjuanina (entre ellos, tres funcionarios provinciales, un abogado de mineras y tres representantes de cámaras empresariales o gremios del sector), además del apoyo del presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, y del representante de la asociación empresarial del rubro Gemera, Mario Hernández. La audiencia pública se extendió a lo largo de 12 horas y luego las autoridades del plenario de comisiones decidieron darla por terminada cuando todavía quedaban disertantes que esperaban su turno para poder tomar la palabra.
Las audiencias públicas comenzaron luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazara dos medidas cautelares de organizaciones ambientales que pedían la expansión de la participación para que sea representativa.
Aún más, la presidencia del plenario redujo el tiempo de intervenciones (de 5 a 4 minutos), mientras que se provocó una interrupción por el reclamo de diputados opositores de que se impidió el ingreso de una serie de inscriptos que estaban autorizados a participar, en un operativo policial extendido en las inmediaciones al Congreso.
La posibilidad de judicialización por su carácter regresivo y su colisión con otros artículos constitucionales, que obtura el objetivo de seguridad jurídica para las inversiones que se propondría la reforma, es el principal argumento de las voces antagonistas a la propuesta.Además de los argumentos que insistieron en las consecuencias ambientales de la flexibilización de controles, también se remarcó el carácter interjurisdiccional de las decisiones distritales sobre cada glaciar. Minuto uno
