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Mendoza: Más de la mitad de la población carcelaria estuvo en prisión anteriormente

Según datos oficiales del año 2023, el 54% de los internos cursó una estadía previa. Con la creación de la Dirección de Promoción y Control del Liberado apuntan a mejorar el seguimiento y la reinserción social.

Domingo, 4 de Agosto de 2024
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Uno de los principales fundamentos de la ley que crea la Dirección de Promoción y Control del Liberado, sancionada esta semana en la Legislatura provincial, consiste en "evitar la reincidencia delictiva de los sujetos alcanzados, a través del control, monitoreo, tratamiento y asistencia" que requieran. La modificación de una dirección actual "pasiva" a otra proactiva no es necia, ya que según datos oficiales, más de la mitad de la población carcelaria en el año 2023 pasó anteriormente por una estadía de prisión y ahora se busca disminuir esa tendencia.

Según datos del informe de gestión 2023 del Servicio Penitenciario Provincial a los que accedió Los Andes, el 53,95% de la población carcelaria es "reiterante". Es decir, de 5.991 internos que se registraban en diciembre, unos 3.232 ya habían pasado alguna vez por una detención en prisión. Mientras que el 46,05% ingresó por primera vez.

"Reincidente" reviste a personas que tienen una segunda condena penal ejecutada, mientras que "reiterante" trata de alguien que pudo haber sido imputado pero no condenado en su primera detención. En este caso, el Servicio Penitenciario incluye a ambas figuras como "reiterantes" para describir que hay personas encarceladas que ya habían sido detenidas anteriormente.

Otro dato interesante del informe de gestión de año pasado, que no se refiere puntualmente a los denominados reiterantes sino a toda la población en general, es el porcentaje de detenidos según los delitos que cometieron. El 25% lo constituyen presos por delitos de robo y/o tentativa de robo. Mientras que siguen en esa tabla: los detenidos por abuso sexual con el 12%; amenazas con el 10% y lesiones dolosas con el 8%.

Según explicaron fuentes del Servicio Penitenciario que conduce Eduardo Orellana, que el 63% de los reiterantes hayan cursado su "ingreso anterior" con un paso de menos de un año, está vinculado concretamente con el perfil mayoritario de arrestados por robos y hurtos.

Entonces diferencian a estos internos, que cumplen condenas cortas o solamente procesamientos y recuperan la libertad, con aquel que cursa al menos 3 años en prisión, y por lo general está más abierto a participar de actividades que apunten a reinsertarse socialmente.

También las estadísticas reflejan que de ese universo de 54% de reiterantes, un 24,24% (1452) cursa entre su tercer y quinto ingreso a la cárcel. Mientras que las personas que reiteran por primera vez son un 20,51% (1229). Son escasas las que lo hacen entre seis y nueve veces, un 7,15% (428). Y es un porcentaje ínfimo el que fue detenido más de 10 veces (2,05%).

La reinserción social

A través de la nueva Dirección de Promoción y Control del Liberado "se ejercen tareas de supervisión y tutela, que suponen el acompañamiento al liberado en su proceso de inserción social trabajando con su adaptación, orientando al tutelado respecto a su participación en educación o capacitación laboral, entre otras tareas", indicó entre sus fundamentos el proyecto de ley aprobado.

Actualmente, en la Provincia hay cerca de tres mil personas que se encuentran bajo el control de la Dirección de Promoción del Liberado (DPL), entre personas en libertad condicional y asistida, personas en prisión domiciliaria, personas bajo el sistema de ejecución condicional, entre otras.

En el articulado se establece que la nueva Dirección deberá coordinar con áreas de Desarrollo Social, la Dirección General de Escuelas u otras áreas gubernamentales o privadas que "resulten necesarias para procurar la salida laboral de los liberados".

En el mismo sentido, deberá "propiciar convenios" con universidades públicas o privadas para que estudiantes avanzados "realicen tareas académicas en la modalidad de pasantías en el ámbito de esta Dirección", indica la ley. Por otra parte se busca "coordinar con los municipios acciones comunes conforme la residencia del liberado y su entorno social".

La ley se procura entonces, que aquel que inició sus estudios en prisión, los pueda terminar en libertad y que suceda lo mismo con aquellos programas laborales en los que pueda haber iniciado tras las rejas.